El Congreso Termal

Patricio Navia

La Tercera, Julio 30, 2005

 

Porque el respeto a la democracia supone la aceptación que es la ciudadanía, en elecciones libres y transparentes, la que debe decir quiénes ocupan los escaños en el parlamento, la soterrada y tensa negociación que actualmente realizan los partidos del oficialismo para definir una plantilla de competencia regulada para las próximas elecciones refleja un menosprecio por lo que alguna vez constituyó la razón de ser de la Concertación de Partidos por la Democracia.

 

Más que la alternancia en el poder, el respeto a las minorías o la libertad de expresión, la característica más importante de la democracia es la competencia. Para que haya democracia, las decisiones sobre quién gobierna las deben tomar las personas. Cuando son los partidos los que negocian omisiones y “competencia regulada” (equivalencia de democracia protegida), los electores ven disminuidas sus opciones. Comprensiblemente, el interés por participar disminuye y el desencanto aumenta. Peor aún, la legitimidad de todo el sistema político queda cuestionada. Cuando resulta fácil anticipar la composición del parlamento al momento que quedan definidas las listas de candidatos, el país puede tener la certeza que nuestro sistema político dista mucho de ser una democracia saludable. 

 

En 1930, la dictadura de Ibáñez del Campo designó a dedo a los miembros del nuevo congreso. Ya que la ley establecía que no se necesitaba realizar una elección si el número de candidatos igualaba el número de puestos a escoger, Ibáñez se aseguró que hubiera tantos candidatos como escaños a elegir en el parlamento. El llamado Congreso Termal (porque la designación de candidatos se realizó en las Termas de Chillán) permitió que 20 senadores (la mitad de dicha cámara) y 132 diputados fueran designados por el gobierno. Aunque muchos rechazaron el entuerto, gran parte de la clase política participó ordenadamente de la burla a la voluntad popular. Por cierto, además de unos hermanos de Ibáñez del Campo (el nepotismo parece ser tradición), resultó senador designado el futuro presidente Juan Antonio Ríos.

 

El año 2001, en polémica negociación (que incluyó la bajada de la candidatura senatorial de Sebastián Piñera), los partidos de la Alianza lograron presentar un candidato privilegiado en 7 de las 9 circunscripciones senatoriales en competencia, asegurando así su elección por secretaría. Justificadas denuncias por irrespeto a la voluntad de la gente emanaron desde la Concertación. La Alianza optó por forzar a sus simpatizantes a ratificar las decisiones cupulares. Mientras menos poder de decisión tuviera la gente, más cómodos se sentían los líderes derechistas. Pero ahora que la propia Concertación parece querer ceder a la tentación de decidir en lugar de sus votantes, queda claro que el virus del autoritarismo y el temor a la voluntad popular se extienden a toda la clase política.

 

Parte del problema radica en el sistema binominal. Ya que resulta prácticamente imposible romper el empate (los escaños se dividen uno a uno para cada coalición en más del 95% de todos los distritos y circunscripciones senatoriales), las coaliciones saben que tienen casi garantizado un escaño. Gane o pierda, con tal de sacar más de un tercio de los votos, cada coalición se asegura la mitad de los escaños. Cual seguro contra la derrota (cuando uno saca un tercio de los votos, el seguro paga con la mitad de los escaños), el binominal evita que las mayorías se vean reflejadas en el parlamento. También permite que la participación electoral de la gente sólo ratifique las decisiones cupulares de las dos grandes coaliciones.

 

Ahora bien, los sistemas electorales siempre producen distorsiones entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños obtenidos. Por ejemplo, en 1997, con el 29% de la votación, la DC se quedó con el 50% de los senadores. En las cuatro elecciones a diputados celebradas desde 1989, la DC siempre logró un porcentaje de escaños superior a su votación nacional. De hecho, ningún partido ha obtenido consistentemente una distorsión más favorable que la recibida por la DC desde 1989. Aunque resulta comprensible que la DC no quiera perder ese subsidio, negociar dicha distorsión por secretaria violenta el principio de la voluntad popular. Cuando la DC llama a competir reguladamente, y ofrece no presentarse en ciertos distritos (a cambio de que el PS-PPD-PRSD hagan lo mismo), la Concertación sólo repite la mala práctica de la Alianza el 2001.

 

A menos que la Concertación presente candidatos fuertes en todas las circunscripciones senatoriales y en la mayoría de los distritos, reconociendo que son los electores—y no las cúpulas de los partidos—los que deben decidir quién llega al parlamento y quien se queda en el camino, la Concertación de Partidos por la Democracia estará repitiendo el abuso de poder de Ibáñez del Campo. Peor aún, la coalición que nació para restituir la democracia en Chile habrá abandonado su objetivo fundacional. El fin de la transición—que entusiasta pero erróneamente anunció hace unas semanas el Presidente Lagos—habrá devenido en una democracia formal donde los líderes de los partidos pesan mucho más que la voluntad de 8 millones de electores.