Los dichos del juez Guzmán

Patricio Navia

La Tercera, febrero 20, 2005

 

Los recientes dichos del juez Juan Guzmán subrayan tanto la connotación evidentemente política de los procesos de derechos humanos en Chile como la evidente falta de prestigio que afecta a nuestro poder judicial. Mientras lo primero debiera llevar a dar una solución política al debate sobre los alcances de la Ley de Amnistía de 1978, lo segundo subraya la necesidad de un poder judicial donde no haya magistrados percibidos ni como obstructores de la verdad ni como imprescindibles paladines de justicia.  

 

Me resulta difícil no comparar estas declaraciones de Guzmán con sus comentarios en un congreso académico en Estados Unidos el pasado octubre. En esa ocasión escribí una columna subrayando la necesidad de tener jueces imparciales. Porque sus declaraciones pueden ser interpretadas como sesgadas a favor de una de las partes del proceso que instruye, sus dichos son utilizados por la defensa de Pinochet que promueve tácticas dilatorias para evitar una condena. Pero, como entonces me aclararon muchos expertos, este es un problema más de diseño institucional que de la inoportuna verborrea de Guzmán. Ya que una de las falencias del sistema judicial antiguo es que obliga al juez a ser también investigador, los magistrados a menudo terminan apoyando las posturas de una de las partes. En el nuevo sistema judicial, las investigaciones las realiza la fiscalía, mientras que el juez garantiza que los derechos de todos sean respetados y adjudica, basándose en la evidencia acumulada, la responsabilidad de los acusados. Porque Guzmán realizó una investigación acuciosa—que desnuda la falta de afán anterior de la justicia por saber la verdad—sus imprudentes opiniones dan pie para que algunos se animen a pedir su recusación. Pero el problema no es de Guzmán, es del antiguo sistema judicial. Aunque sus opiniones sobre las fortalezas y debilidades de nuestra sociedad liliputiense si evidencian una falta de criterio—y de sentido de oportunidad—del  magistrado.

 

En su entrevista al diario nicaragüense, Guzmán resalta sus contribuciones para lograr justicia en las violaciones a los derechos humanos. El juez no tiene nada que perder al emitir sus controvertidas opiniones. Si la Suprema lo castiga, Guzmán quedará como un juez incorruptible sancionado por los poderes fácticos, listo para recibir reconocimientos del mundo entero. Si la Suprema no hace nada, Guzmán resalta aún más sus pergaminos en un mundo que, ¡enhorabuena!, quiere ver a los victimarios tras las rejas. Mientras más hable Guzmán, más tentaciones da a la Suprema para castigarlo y convertirlo en víctima.  Por cierto, por merecidas razones, el mundo reconoce a Guzmán haber procesado a Pinochet. Las violaciones a los derechos humanos, que se cometieron cuando en Chile no se movía una hoja sin que Pinochet se enterara, constituyen uno de los momentos más reprobables de nuestra historia. El celo de Guzmán por saber la verdad debe avergonzar a los que defienden la ley de amnistía y a los que, en la Concertación, han estado dispuestos a negociar mantener la impunidad para evitar improbables descontentos militares.

 

La Concertación también debe estar agradecida a Guzmán. De no haber sido por su investigación, poca fuerza tendría hoy el argumento del gobierno de Frei para lograr la libertad de Pinochet por razones humanitarias. Los crímenes cometidos en Chile se han podido juzgar en Chile porque jueces valientes lograron desenredar la red de complicidades, obstrucción a la justicia y diligente tarea encubridora de funcionarios de la dictadura. A la justicia chilena le faltó coraje moral—usando una frase de Aylwin—cuando primero eludió defender los derechos humanos en dictadura y cuando se negó a hacer un mea culpa recientemente.

 

Ahora bien, la justicia chilena se ha visto obligada a enfrentar un problema que la clase política se niega a abordar: la legitimidad de la ley de amnistía. La derecha, a pesar de su  discurso de renovación democrática, insiste en defender la legalidad de una ley adoptada por Pinochet para proteger a sus criminales. La cómoda postura oficial del gobierno es que la toca a la justicia interpretar los alcances de la amnistía. En ese sentido, a la Concertación también le ha faltado coraje moral para abordar de frente en el plano legal—y no sólo en aspectos simbólicos—la raíz del problema del doloroso legado de los derechos humanos: la ley de amnistía. Pero en tanto la clase política no quiera discutir los alcances y legitimidad de esa ley, resulta fácil culpar al judicial por lo que hace y lo que deja de hacer.

 

Guzmán tiene razón cuando alega tener vedada su llegada a la Corte Suprema. Las loas en el extranjero por su trabajo representan un acto informal de reparación. Sus contraproducentes declaraciones evidencian una comprensible frustración. Pero el país precisa de jueces que eviten convertirse en el centro de la noticia. Y Guzmán ha dado demasiadas evidencias de disfrutar del acoso periodístico. Más aún, para construir una democracia saludable fundada en la irrefutable igualdad de todos ante la ley, necesitamos también un judicial que de garantías de imparcialidad. Las democracias tienen el deber de garantizar el debido proceso aún para los más deleznables criminales. Pese a no haber respetado la legalidad vigente, Pinochet también tiene derecho a un juicio justo. Guzmán debe asegurarse que sus sentencias estén tan solidamente fundadas que nadie pueda acusarlo de parcialidad—aunque sus inconvenientes entrevistas lleven a pensar que el juez haya desarrollado una encomiable simpatía hacia las víctimas y una comprensible animadversión hacia los victimarios.

 

La falta de voluntad de la clase política para abordar la legitimidad de la ley de amnistía, la ausencia de coraje moral del poder judicial y los recientes—contraproducentes e innecesarios—dichos del juez Guzmán dejan claro que tenemos un largo camino por recorrer antes de poseer un sistema de justicia ejemplar en nuestro país.