La Corte Suprema

Patricio Navia

La Tercera, diciembre 11, 2004

 

Avergüenza la pasiva complicidad del poder judicial con las violaciones a los derechos humanos en dictadura, pero la reacción de la Corte Suprema ante la presión social por un mea culpa simplemente decepciona. A menos que reconozca su responsabilidad en permitir que se consolidara un ambiente de impunidad para la acción represiva de la dictadura, el poder judicial no podrá ganarse un lugar respetable en una sociedad democrática donde reine el estado de derecho. Peor aún, para gozar de una democracia sólida y saludable necesitamos un poder judicial autónomo, independiente, legítimo y que de garantías de imparcialidad a todos.

 

Es decepcionante la incapacidad de los principales magistrados nacionales para reconocer que muchas muertes y torturas durante el régimen militar ocurrieron precisamente por la indolencia o el temor de jueces que no investigaron los miles de recursos de amparo que se presentaron a favor de detenidos políticos. Si los magistrados hubieran hecho más que enviar fáciles oficios a las autoridades, la DINA y los otros aparatos de seguridad de la dictadura no habrían actuado con la certeza de tener carta blanca de los tribunales. Ya que jueces con conflictos de interés evidentes jamás se inhabilitaron para investigar crímenes de los aparatos de seguridad, la responsabilidad colectiva de un sistema judicial que no veló por asegurar a todos los involucrados un mínimo de imparcialidad no puede ser desconocida. Para muestra un solo caso: ¡el ministro Sergio Valenzuela Patiño demoró 18 años la investigación del asesinato de Tucapel Jiménez ocurrido en 1982!  Cuando el caso fue entregado al juez Sergio Muñoz, en menos de dos años se logró esclarecer el asesinato y los culpables—agentes de seguridad del estado chileno—están ahora en prisión.

 

Porque la justicia hizo caso omiso a las denuncias por desaparición y tortura presentadas por años con heroica insistencia por familiares, activistas, abogados, organizaciones sociales y religiosas, muchas vidas se perdieron y muchas otras quedaron marcadas para siempre por la tortura. Aquellos civiles de derecha que, siendo parte del régimen militar, rechazaban la violencia política se hubieran animado a alzar su voz de haber contado con el apoyo de un poder judicial valiente y comprometido con los derechos humanos. Por eso, resultó lamentable escuchar al titubeante presidente de la Suprema Marcos Libedinsky argumentar que “frente a las repetidas denuncias de detenciones ilegales, desapariciones de personas, etc., los juzgados y las Cortes no contaron con la cooperación efectiva de los organismos o autoridades correspondientes...”  La tarea de los jueces no era enviar oficios al ejecutivo, sino investigar las denuncias. La explicación de la Suprema, además de acomodadiza, sólo evidencia la falta de compromiso ético con la justicia que aparentemente caracterizó a muchos jueces en dictadura y que, lamentablemente, parece todavía no ser un componente inequívoco de los valores morales de todos los actuales magistrados del máximo tribunal.

 

El texto de 905 palabras leído por Libedinsky rechazando las acusaciones del informe Valech evidencia la difícil posición actual de la justicia chilena. El comunicado señala “que si bien… es dable sostener que los tribunales pudieron tratar de llevar a cabo una acción más eficaz en la protección de los derechos individuales, no es menos cierto que las limitaciones de hecho y de derecho…obligan a reconocer también que probablemente ello no habría tenido resultados significativos.” Esto es, no hicieron nada porque de todos modos no hubiera pasado nada. Además de la inconveniencia de justificar la no acción en infundados e inmorales supuestos, la Corte Suprema vergonzantemente reconoce que sus acciones estuvieron determinadas por las condiciones políticas imperantes y no por la defensa de la ley y los derechos de las personas.

 

La Corte Suprema termina haciéndose eco de la declaración del Informe Valech sobre la Tortura, señalando que “sin Libertad, no hay Derecho, ni Justicia ni Paz.” Lo que parecen ignorar los Supremos es que sin verdad tampoco puede haber legítimo Derecho. Ahora que el país finalmente avanza a paso firme en la construcción de una democracia y un estado de derecho más sólido, luego de reconocer finalmente con honestidad y verdad lo que pasó, y después que muchos de los involucrados han pedido perdón y se han comprometido con el principio de respeto irrestricto de los derechos humanos, una nota discordante lamentablemente emanó de la Corte Suprema. Esa actitud subraya la imperante necesidad que aún tenemos de contar con un poder judicial transparente, legítimo, autónomo y que demuestre, por sobre todas las cosas, un compromiso irrestricto con la defensa de los derechos de las personas, independientemente de quién habite en La Moneda. Las reformas judiciales impulsadas e implementadas por los presidentes Aylwin, Frei y Lagos que ya empiezan a dar sus frutos nos llevan en la dirección correcta. Aunque la actitud impenitente de la Suprema evidencia que todavía falta camino por recorrer, la insatisfacción con la Suprema evidencia la voluntad de la sociedad por seguir avanzando.