Conservadores compasivos

Patricio Navia

La Tercera, junio 26, 2004

 

La propuesta presidencial que buscaba indultar a decenas de encarcelados por delitos terroristas cometidos a comienzo de la década de los 90 representó una singular ocasión para que la derecha demostrara que su discurso de conservadurismo compasivo se convierte en iniciativas concretas de políticas públicas. Pero en vez de dar señales claras a favor de posturas comprensivas y compasivas, la mayoría de los legisladores de la Alianza dieron fe de una preocupante intolerancia.

 

La situación de los condenados por delitos terroristas cometidos después del regreso de la democracia ha representado un problema reconocidamente complejo. Las discrepancias que existen respecto a los motivos y justificaciones de sus actos se han profundizado a través de los años. Por eso, ni siquiera existe consenso respecto a la forma en que debemos referirnos a ellos. Desde ‘reos terroristas’ hasta ‘personas que cometieron errores’, ese doloroso legado de nuestra dificultosa transición a la democracia ha representado una piedra en el zapato para los tres gobiernos de la Concertación.

 

Naturalmente, resulta difícil tener simpatía ideológica por personas que cometieron actos terroristas después de 1990, donde fueron asesinados varios carabineros. Ni los enclaves autoritarios de nuestra tímida democracia de entonces ni la supuesta convicción democrática de los condenados justifica la violencia política. Y si el terrorismo alguna vez fue equivocadamente entendido como una forma legítima de luchar contra la dictadura, esa cuestionable justificación se acabó el 11 de marzo de 1990.

 

Pero la presencia de los reos por delitos terroristas de la cárcel de alta seguridad (CAS) no es un problema delictivo. Se trata de un asunto eminentemente político, un resabio de las falencias que rodearon nuestra exitosa transición a la democracia. Además de subrayar las diferencias de trato que existen entre las atenciones recibidas por agentes de la DINA y la CNI condenados por actos terroristas (muchos de los cuales, además, siguen proscritos por la indigna Ley de Amnistía de 1978), los defensores de un indulto para los reos de la CAS correctamente subrayan que el proyecto de ley que fue parcialmente derrotada en el Senado esta semana se generó por una iniciativa de la derecha.  Desde que el entonces presidente UDI Pablo Longueira anunciara hace un año que su partido se abría a la idea de encontrar una solución definitiva al problema de las violaciones a los derechos humanos, la esperanza de un indulto para los reos de la CAS se vio fortalecida.

 

Pero ante la decisión de la izquierda de separar los indultos a los responsables de actos terroristas cometidos después de 1990 de las rebajas en penas a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, el interés en la derecha decayó. El conservadurismo compasivo dio lugar al frío cálculo político y la intención de convertir a la UDI en un partido moderado e incluyente fue rápidamente reemplazada por el retorno a los principios fundacionales del gremialismo combativo e integrista. Después de su lamentable desempeño frente al caso Spiniak, Longueira fue reemplazado por Jovino Novoa, un líder más acostumbrado al discurso duro y autoritario de la dictadura que a la modalidad incluyente y pluralista que contribuyó a posicionar el liderazgo de Joaquín Lavín.

 

Demostrando la misma intransigencia que critican al presidente Lagos cuando parece querer condicionar el fin de los senadores vitalicios a cambios al sistema electoral binominal, la mayoría de los legisladores de la Alianza adoptaron una irrazonable postura de un todo o nada. Si no estaba asociado con facilidades para los violadores a los derechos humanos, se opondrían a apoyar una reforma que otorgara al presidente de la república la facultad de indultar delitos terroristas. Peor aún, incapaces de anticipar que resulta mucho más conveniente para ellos solucionar este problema ahora que dejárselo al próximo presidente (que bien pudiera ser el mismo Lavín), los legisladores de la derecha demostraron ausencia de cálculo político y una lamentable carencia de conservadurismo compasivo.

 

Incluso el propio Lavín, que ha liderado los esfuerzos por introducir más tolerancia en la derecha, optó por justificar la oposición al indulto en base a una supuesta consecuencia de su postura antidelincuencia. Más allá de equivocar el camino sugiriendo que la mejor herramienta para combatir la delincuencia es utilizar exclusivamente la mano dura, Lavín no aprovechó la ocasión para demostrar un liderazgo propio de un hombre de estado. Más que buscar cerrar definitivamente los dolorosos capítulos de nuestra transición, Lavín quiso sacar provechos políticos de corto plazo subrayando una supuesta postura loablemente dura contra la delincuencia. Pero al no apoyar un razonable proyecto que permitiera indultar selectivamente a los reos por delitos terroristas, Lavín sólo permitió que la derecha cayera en la tentación de alejarse de las exitosas políticas de conservadurismo compasivo para volver a los viejos senderos de la intolerancia y exclusión que caracterizaron a ese sector durante la última parte del siglo XX.