Transparencia hasta que duela

Patricio Navia

La Tercera, junio 12, 2004

 

Las recientes implicaciones que ha tenido el escándalo MOP-GATE, que amenazan con dañar permanentemente el liderazgo del Presidente de la Corte Suprema y la efectividad de la jueza a cargo de la investigación, subrayan la necesidad de transparentar totalmente las fuentes de financiamiento de las campañas políticas. Independientemente del curso que tome el proceso judicial, el presidente Ricardo Lagos y el alcalde Joaquín Lavín debieran, dando una señal de coherencia y transparencia, hacer públicas sus libros de cuentas de la pasada campaña presidencial. De la misma forma, todos los candidatos presidenciales ya en carrera debieran hacer públicas sus fuentes de financiamiento.

 

La democracia se funda sobre principios de libre competencia y relativa igualdad de condiciones. Cada persona debiera valer un voto y cada candidato que satisfaga ciertos requisitos de apoyo previo debiera tener oportunidades similares de presentar sus ideas y propuestas. Cuando estos principios son sistemáticamente violados, la calidad de la democracia es inevitablemente deficiente y la legitimidad del sistema debe ser cuestionada.

 

En Chile, no todos los electores pesan lo mismo. Los votantes de Santiago pesan mucho menos en términos relativos que los de los extremos del país y de zonas agrícolas. Aunque pudiera ser comprensible que ciertas regiones tengan más peso en una Cámara, en nuestro país la discriminación contra las grandes áreas metropolitanas se da tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, violándose fragantemente el principio de una persona, un voto. Además, no tiene sentido votar cuando la libre competencia está ausente de los procesos electorales (como con el sistema binominal, donde cada coalición tiene casi garantizado un escaño casi en forma independiente de lo que quiera la gente.) Por eso, comprensiblemente, la abstención es mayor en elecciones parlamentarias que en elecciones municipales o presidenciales.

 

Pero el peso relativo de los electores se ve distorsionado también por la falta de transparencia. Como no existe información pública sobre las fuentes de financiamiento, existen asimetrías de información discriminatorias a la hora de decidir por quién votar. Una minoría de afortunados—en general, personas de mayores ingresos y más educación—entienden mejor cómo se pagan las campañas usando fondos públicos o a través de trucos contables que permiten a las empresas ilegalmente deducir sus contribuciones políticas de sus impuestos (lo que igual significa que utilizan fondos públicos.) El resto de los chilenos no puede sino sospechar que, como todas las personas tienen derecho a no dar puntadas sin hilo, los políticos electos tienen que devolver los favores recibidos con políticas públicas que favorezcan a sus financistas aunque sea en desmedro de sus electores.

 

Pero aún los afortunados electores más informados poseen menos información que los candidatos y los propios financistas. La asimetría de información que existe entre aquellos involucrados en el financiamiento secreto de las campañas—ya sea como financistas o receptores—representa una ventaja discriminatoria respecto a la información que poseen los que deciden a qué candidato creerle y por quién votar.  La tendencia a sospechar que la captura del estado por parte de intereses corporativos es una monstruosa realidad, y que todos los políticos son corruptos, se alimenta también de la obstinación de los candidatos a no revelar sus fuentes de financiamiento.

 

La celebrada reforma al financiamiento de la política de mediados del 2003 acordada por la Concertación y la Alianza constituye un timorato e insuficiente paso en la dirección correcta. Además de garantizar un limitado financiamiento público para las campañas, la reforma no se comprometió decididamente con la transparencia del financiamiento privado a la política. Pese a que se introducen algunos incentivos para generar cierta transparencia, ni la Concertación ni la Alianza estuvieron por transparentar completamente el proceso, manteniendo el precepto que los candidatos y los financistas tienen más derecho a saber que el resto de los chilenos sobre las verdaderas fuentes de financiamiento y cantidades de dinero que cuesta realizar campañas en Chile.

 

Felizmente, para ser consecuentes con los principios democráticos que dicen privilegiar, los candidatos no tienen que esperar que exista una ley para comenzar a ser transparentes sobre las platas que usan para financiar sus campañas. Ahora que estamos próximos a comenzar un nuevo y prolongado periodo electoral, los candidatos debieran comenzar a ser consecuentes en su defensa de la transparencia y revelar sus fuentes de financiamiento. Como líder del país y como poseedor de reconocida autoridad moral en otras materias, el presidente Ricardo Lagos debiera ordenar hacer públicos los libros de cuentas de su campaña presidencial en 1999. Si él se anima a dar ese valiente paso para defender el principio de transparencia hasta que duela, cualquier aspirante presidencial actual que se niegue a hacer lo mismo pagará altos costos por seguir aferrándose a la inaceptable y moralmente aberrante práctica de ocultar sus fuentes de financiamiento.