¿La prensa miente?

Patricio Navia

Junio 10, 2004

 

Cuando el gobierno acusa a un periódico de mentir en su cobertura de una investigación judicial, un observador suspicaz tiende a pensar que el objetivo oculto es cambiar el foco de atención desde la investigación hacia los actores involucrados en el proceso. Como en río revuelto hay ganancia de pescadores, al acusar a un periódico, el gobierno intencional o accidentalmente contribuye a que la opinión pública desvíe su atención del caso MOP-GATE y se centre en la seguidilla de errores, descriterios y éticamente cuestionables acciones del presidente de la Corte Suprema y de la Jueza encargada de la investigación.

 

En enfáticas declaraciones, el Ministro del Interior declaró que La Tercera está mintiendo respecto a su cobertura del caso MOP-GATE y de las aristas que involucran al presidente de la Corte Suprema Marcos Libendinski y a supuestas presiones que recibiera la jueza Ana Chevesich por parte de gente cercana—o perteneciente—al gobierno para influir en el curso de la investigación de desvío de fondos públicos. Al sugerir que La Tercera está “fraguando un cuento... literalmente esta mintiendo,” el hábil ministro Insulza subraya la comprensible preocupación del gobierno por las filtraciones que han permitido a varios medios de prensa informar ampliamente sobre los avances del proceso. Pero también siembra dudas sobre los verdaderos motivos que aparentemente han permitido a varios periódicos tener acceso a información que debiera ser de carácter privado y secreto.

 

Sin duda que la investigación se ha visto entorpecida por la obsesión de la prensa por conocer detalles del proceso. Pero es inútil fustigar a los medios. Su tarea es publicar la mayor cantidad de información relevante posible para el conocimiento de la opinión pública. En democracia, la prensa tiene celo investigador y logra producir información que es a menudo molesta para las autoridades y los poderosos.  Naturalmente resulta imposible para la opinión pública saber inmediatamente si las fuentes que cita un periódico son legítimas. Pero cuando se sabe que un medio se equivocó, el costo en reputación y credibilidad es a menudo irreparable. De ahí que los medios vigilen con celo su reputación de veracidad. Por eso, a menos que se demuestre lo contrario, los medios también deben ser considerados inocentes. Más que reprocharlo, la sociedad debiera demandar que el celo investigativo de la prensa se extienda a todos los ámbitos del quehacer nacional.

 

Por cierto, es de responsabilidad del poder judicial que el foco de atención de la opinión pública haya pasado de la investigación del caso MOP-GATE al intento de mediación del Presidente de la Suprema, a las filtraciones del proceso (que son en última instancia responsabilidad de la jueza) y a la queja de Chevesich por supuestas presiones destinadas a entorpecer la investigación. La falta de tino de Libedinski al citar a Chevesich a su casa para discutir un asunto judicial de complicadas aristas políticas fue sólo superada por el desatino de la jueza de aceptar la invitación. Si Libendinksy hubiera hecho su trabajo, sin intentar mediar o supervisar el avance de la causa—por más políticamente sensible que ésta haya sido—y si Chevesich hubiera evitado las filtraciones con singular celo, ninguna estrategia para desviar la atención de la opinión pública a las acciones de los encargados del proceso hubiera tenido éxito. Así como es mala señal cuando el árbitro se convierte en centro de atención en el fútbol, la justicia no se fortalece cuando los jueces reemplazan a los delitos investigados como centro de atención periodística.

 

Más allá de la veracidad de las fuentes de La Tercera—tema que corresponde juzgar tanto a los lectores como a las instancias de ética profesional, pero ciertamente no al Ministro del Interior—la decisión de acusar al periódico de mentir desvía la atención de la opinión pública de la investigación a los sucesos y actores que la rodean. Cuando eso ocurre, las instituciones democráticas no están funcionando bien.