La Señora MOP y la transparencia

Patricio Navia

La Tercera, mayo 9, 2004

 

La controversia más reciente que ha rodeado la investigación del caso MOP-GATE ha dejado nuevamente en evidencia dos grandes problemas de nuestra democracia: la falta de transparencia y el acostumbrado ejercicio de presiones indebidas que escapan al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero mientras más se consolida nuestra democracia y más se diversifica la sociedad, más presión existirá por promover más transparencia y más costoso resultará intentar ejercer presiones por debajo de la mesa.

 

El escándalo MOP-GATE ha sacado a relucir, una vez más, el oscuro tema del financiamiento de campañas políticas. Al referirse a ella como “la señora MOP,” parcialmente como reacción a las especulaciones que la jueza Ana Chevesich investigaría las fuentes de financiamiento de la campaña de Ricardo Lagos, el Ministro de Justicia Luis Bates experimentó en carne propia lo políticamente dañino que resulta pretender ejercer indebida influencia en una sociedad que aboga por más transparencia y separación de poderes.

 

Pero Bates no ha sido el único que ha pagado costos por cometer ese error. Desde la alharaca sobre-reacción de la UDI a las infundadas acusaciones de Pía Guzmán hasta la negativa de las campañas de Lagos y Lavín de dar a conocer sus fuentes de financiamiento, el ejercicio de presiones indebidas y la falta de transparencia son cada día menos tolerables. En el caso de la UDI, su decisión de denunciar un inverosímil complot terminó por darle mayor credibilidad a las acusaciones de Guzmán. En el caso de la plata en la política, no resulta inverosímil imaginar que parte del financiamiento de la campaña de Lagos salió del estado o de contratistas que se beneficiarían en caso de ganar la Concertación. Pero así también resulta razonable especular que el abultado gasto electoral de Lavín en 1999 y durante estos últimos 4 años ha sido financiado por empresarios que esperan beneficiarse (a costo del resto de los chilenos) de un triunfo gremialista. En ambos casos, la complicidad de la autoridad que a sabiendas permite que se realicen manejos contables, para terminar deduciendo muchos de estos gastos de los impuestos que tendrían que pagar las empresas, contribuye a que el financiamiento de la política siga siendo inaccesible para el escrutinio público. A menos que estén dispuestos a transparentar el financiamiento de sus campañas, los candidatos inevitablemente despertarán comprensibles sospechas sobre sus verdaderas lealtades. Pero mientras el gobierno y la oposición se acusan mutuamente, los dos líderes de la política nacional concuerdan en no revelar sus fuentes de financiamiento. A la vez que los dos se llenan la boca con alusiones a las instituciones y la transparencia, el lugar donde más transparencia requiere la política sigue siendo un hoyo negro rodeado de todo tipo de rumores y sospechas.

 

La falta de transparencia siempre invita a creer que existen presiones indebidas para solucionar problemas complejos. ¿Alguien puede no sospechar, por ejemplo, que para lograr que el retorno del ex dictador Pinochet, el gobierno de Frei exigió que los militares y los poderes fácticos se comprometieran a forzar el retiro permanente de Pinochet de la vida pública? La falta de transparencia que rodeó esas negociaciones secretas alimenta la creencia que en nuestro país las instituciones no funcionan tan bien y que, de cuando en cuando, es necesario que los poderes fácticos se pongan de acuerdo para solucionar ciertos problemas. La separación de poderes del estado es mucho más un ideal que una práctica cotidiana. El enorme poder del presidente, la indebida influencia de los grandes grupos económicos y evidente existencia de poderes fácticos demuestran que además de un diseño institucional arcaico, una elite excluyente y cerrada sigue teniendo mucho más poder e influencia que lo que debe ocurrir en una democracia que funciona bien.

 

Por cierto, la presión indebida sobre el poder judicial en parte se facilita porque la reputación de la justicia chilena no atraviesa por su mejor momento. Las recientes revelaciones sobre corrupción en algunas cortes de apelaciones y un historial de tráfico de influencias, acceso desigual a la justicia y excesiva capacidad de persuasión que ejercieron los más poderosos para lograr fallos a su favor hacen pensar que todavía no somos todos iguales ante la ley. A menos que el poder judicial inicie una purga decidida y valiente dentro de sus propias filas, el público seguirá percibiendo que el sistema judicial no genera confianza.

 

El buen funcionamiento de las instituciones democráticas requiere de transparencia y de un estricto apego a las obligaciones y atribuciones que otorgan la constitución y las leyes a los servidores públicos, políticos y ciudadanos. Mientras más se consolide nuestra democracia, más difícil será mantener la vieja práctica de solucionar los problemas a escondidas del escrutinio público. Por eso, más que dar la impresión de ejercer presión indebida sobre el poder judicial, la administración del presidente Lagos debiera promover una legislación que regule el lobby y obligue a la transparencia absoluta en el financiamiento de las campañas políticas.