El apoyo de Chile al golpe en Haití

Patricio Navia

La Tercera, marzo 2, 2004

 

Por tercera vez en tres años, el gobierno chileno ha dado su apoyo implícito a un golpe militar en América Latina. Al reconocer al gobierno de Boniface Alexandre y guardar silencio ante la renuncia obligada de Jean Bertrand Aristide, el gobierno chileno ha demostrado una vez su dubitativo compromiso con la Carta Democrática Interamericana del año 2001.

 

Contrario a los preceptos del documento firmado hace tres años con bombos y platillos, nuestro gobierno no exigió que el Secretario General de la OEA continuara el proceso de negociación que permitiera una salida pacífica a la crisis haitiana. En cambio, Chile se apuró en seguir el ejemplo de Estados Unidos y Francia y aceptar, incluso con alivio, que el presidente democráticamente electo de Haití saliera escoltado por tropas estadounidenses después de verse forzado a renunciar.

 

Nadie discute que una buena parte de la responsabilidad de la crisis la tiene el propio Aristide. El inepto y corrupto presidente facilitó el éxito de la insurgencia. Pero nunca se justifica la fuerza, mucho menos el saqueo ni los levantamientos armados, para deshacerse de los malos presidentes. Al permitir que el levantamiento armado lograra su objetivo de remover a Aristide por vías extra-democráticas, los países involucrados hacen un flaco favor a la consolidación democrática que ahora dicen querer promover. Al ignorar los mecanismos constitucionales para canalizar su descontento y optar por la violencia armada, los rebeldes tendrían que haberse encontrado con un rechazo decisivo y absoluto por parte de las naciones democráticas de América Latina.

 

En cambio, en la medida que los insurgentes avanzaban hacia Port-Au-Prince, las democracias de la región se sumaron al coro que sugería la renuncia del presidente Aristide. Aunque en ocasiones tenga sentido sugerir que para salvar la democracia hay que primero suspenderla, la decisión de apoyar la renuncia forzada del presidente haitiano no garantiza un mejor futuro para Haití. Se ha vuelto a instituir el precedente de que los levantamientos armados pueden modificar la voluntad popular expresada en las urnas. Con su decisión de reconocer al nuevo gobierno haitiano, Chile ha avalado en forma no menor la acción ilegal de los insurrectos.

 

Es cierto que el nuevo presidente no pertenece a los rebeldes. Pero nada hace augurar que los rebeldes vayan a deponer sus armas en forma definitiva. La misión de paz que comienza a llegar a Haití bien pudiera convertirse en una fuerza de ocupación para apoyar a un presidente que carece de legitimidad popular y no ejerce el control militar en todo el país. Peor aún, el desafío de encauzar a Haití en el sendero democrático a través de elecciones libres e informadas se anticipa como casi una imposibilidad. Aristide sigue siendo el más popular de los líderes haitianos. Ninguna elección democrática que excluya al candidato de Aristide tendrá legitimidad. Y si Aristide logra presentar su propio candidato, es muy probable que éste resulte ganador. Nada sabemos del actual presidente interino ni de su compromiso con la democracia y el estado de derecho. El remedio bien pudiera ser peor que la enfermedad. Peor aún, nada hace anticipar que los rebeldes desistirán de volver a tomar las armas una vez que las fuerzas de paz abandonen el país.

 

Al justificar el envío de tropas chilenas como parte del ejército de ocupación en Haití, el presidente Lagos señaló que “un país se gana el respeto internacional no sólo porque hace las cosas bien, sino también porque entiende cuáles son las responsabilidades que tenemos que asumir en un mundo cada vez más complejo y desafiante.” Al apoyar este golpe blando en Haití y legitimar la violación flagrante de la carta democrática de la OEA, el presidente chileno ha demostrado que en este mundo cada más complejo y desafiante, la valoración del estado de derecho y del orden democrático no es necesariamente la brújula que guía el accionar de su gobierno.