¿Quién quiere ser parlamentario?

Patricio Navia

La Tercera, febrero 21, 2004

 

Un parlamento excesivamente débil donde la escasez de atribuciones y necesidad de figuración pública convierte a muchos legisladores en irresponsables acusadores, impenitentes faranduleros o mendigos de cobertura mediática es una de las debilidades fundamentales de nuestra democracia.

 

La desafortunadas declaraciones recientes del Ministro de Obras Públicas Javier Etcheberry (“los parlamentarios deberían legislar y controlar el presupuesto y no otra cosa”) volvieron a poner el tema en la mesa. Por cierto, además de desconocer las atribuciones de los parlamentarios enumeradas en la propia Constitución, el autoritario ministro erró al inmiscuirse en un tema que no le incumbe. Pero sus dichos reflejan un sentimiento generalizado sobre la débil contribución que, en general, realiza el legislativo al buen funcionamiento de nuestra democracia. Su lentitud excesiva en el trámite de los proyectos de ley, la poca capacidad técnica de muchos legisladores y el poco conocimiento sobre los asuntos a votar contribuyen a convertir al legislativo en una barrera para el buen funcionamiento del estado más que en una entidad que produzca buenas leyes. Irónicamente, en nuestro país, el legislativo no está mandatado a legislar.

Debido a que la legislación la redacta el ejecutivo, los legisladores sólo pueden ejercer un débil derecho a veto y una bastante más poderosa posibilidad de obstruir iniciativas presidenciales.

 

Dada las circunstancias actuales, eso pudiera no ser enteramente malo. La distorsión de la voluntad popular del sistema binominal y de los senadores designados resta legitimidad democrática y representativa al legislativo. Casi en forma independiente de la voluntad popular, cada distrito del país termina siendo representada por un legislador de la Concertación y uno de la Alianza. Solo en uno de las 19 circunscripciones senatoriales se rompe ese ridículo empate por secretaría. En muchas circunscripciones, la Alianza presentó un solo candidato al Senado para cada escaño garantizado que le correspondía a ese sector. Comprensiblemente, personas que gozan de tan cuestionable legitimidad democrática no debieran tener atribuciones para legislar. Pero para que la democracia funcione bien no basta con alegrarnos que una de las instituciones menos representativas carezca de atribuciones que facilitan el buen funcionamiento de la democracia. Hay que corregir el mal diseño institucional.

 

Sin capacidad para iniciar legislación o influir en forma sustantiva en las iniciativas enviadas desde La Moneda, muchos parlamentarios se dedican a buscar su propia pega. No pocos optan por convertirse en visitadores sociales. Desde problemas con el pago de los subsidios de vivienda hasta gestiones para conseguir pensiones de gracia, muchos legisladores se han ganado el título de trabajador social honoris causa. Otros buscan darse a conocer por vías alternativas. Desde diputados acusadores hasta legisladores metrosexuales y sex-symbols, cualquier cosa vale a la hora de buscar cobertura en los medios. En muchos casos, la estrategia resulta exitosa y evidencia caudales de creatividad e innovación que pudieran resultar provechosos si se pudieran poner al servicio de hacer mejores leyes.

 

La acusación de octubre del 2003 de la diputada Guzmán sobre parlamentarios supuestamente involucrados en una red de pedofilia fueron, a ojos de muchos, la gota que rebalsó el vaso. Pero esa irresponsabilidad no fue la primera ni será la última que salga de boca de legisladores. No hay que olvidar las acusaciones sobre consumo de drogas en el parlamento, secundadas con igual irresponsabilidad por la UDI años atrás. La incomprensiblemente torpe y éticamente reprobable participación de diputados PPD y la deplorable reacción del diputado Longueira en la maraña de maniobras destinadas a sacar ventaja política de la tragedia del abuso infantil fueron posibles, al menos parcialmente, por el mal diseño institucional de nuestra democracia. En vez de buscar entusiastamente chivos expiatorios, debiéramos hacer las reformas que contribuyan a evitar que se vuelvan a producir este tipo de situaciones. Hay que modificar tanto la forma en que se elige el parlamento como las atribuciones para influir en el proceso legislativo.

 

La falta de legitimidad del legislativo contribuye a que nadie exija que se cumpla el principio de la separación de poderes del estado. Parecemos contentos al ver que el ejecutivo gobierna y hace leyes que luego son parcialmente modificadas para evitar las obstrucciones que enfrentan en el parlamento. Pero el sistema democrático no se fortalece al concentrar los poderes en el ejecutivo. Peor aún, mientras más poder se concentre en la presidencia, mayor será el riesgo que un ejecutivo ineficiente, débil o inexperto lleve al país al sendero de la inacción y los conflictos políticos de antaño. La trágica historia que desembocó en el golpe militar de 1973 se debió en buena parte a que todos los huevos de la canasta política estaban puestos en ganar el control de La Moneda. Mientras no adoptemos reformas que den sentido, atribuciones y legitimidad al legislativo no habremos aprendido la lección del último quiebre institucional.