Viviendo con el enemigo

Patricio Navia

La Tercera, agosto 9, 2003

 

Cuando aborda los derechos humanos con la expectativa de cerrar el tema, la elite política nacional demuestra su visión cortoplacista. Los chilenos viviremos para siempre con los traumas que produce el recuerdo de la violencia política ejercida sistemáticamente por la dictadura. Así como la Guerra del Pacifico o la Guerra Civil de 1891, la dictadura seguirá siendo parte de nuestra identidad. El recuerdo de un gobierno que definió a aquellos que pensaban distinto como amenazas para la seguridad nacional no se destruye por decreto. La memoria de los derechos humanos está para quedarse.

 

Enhorabuena. Es inaceptable que los gobiernos utilicen los impuestos que pagamos todos para financiar aparatos de seguridad cuyo único objetivo es amedrentar a los que piensan distinto. Aunque se acabó ya hace 13 años, la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas es una herida abierta de carácter permanente. Es y seguirá siendo motivo de vergüenza y contrición nacional saber que los aparatos de seguridad ejercieron la tortura y desaparecieron personas para fortalecer a un régimen basado en la violencia y el miedo. El tema de los derechos humanos no se puede cerrar por acuerdos legislativos ni en negociaciones privadas entre el presidente, los líderes de los partidos políticos, la iglesia católica y los empresarios.

 

Esto no significa que haya que quedarse de brazos cruzados o que los gobiernos dediquen cantidades excesivas de tiempo a administrar el doloroso legado del pasado. Los que gobiernan mirando hacia atrás terminan enfrascados en disputas bizantinas sobre quién tuvo la culpa. Aylwin supo encontrar el balance adecuado entre hacerse cargo del pasado y enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Como intuyendo que al final igual tendría que dedicarle sus últimos dos años a administrar el legado del pasado, Frei intentó concentrarse casi exclusivamente en temas de futuro durante sus primeros cuatro años. Pero el arresto de Pinochet en Londres dejó en evidencia que tampoco sirve esperar que el doloroso pasado desaparezca con el paso del tiempo. La memoria es obstinada y el recuerdo nacional de un pasado de violencia política incomprensible para las nuevas generaciones es un fantasma que se radicó permanentemente en Chile.

 

Otro asunto son los procesos judiciales. Si bien es cierto es imperiosa la búsqueda de justicia en todo país que busque fortalecer el estado de derecho y el respeto a los derechos individuales, los procesos judiciales no pueden reemplazar al accionar de gobierno y a los debates legislativos como el centro de la política nacional. Es cierto que en un país donde no hay piso para una ley de punto final, y donde los familiares de detenidos desaparecidos siguen peregrinando décadas después, pretender intervenir en los procesos judiciales sería imposible. Pero así como Aylwin logró influir en el poder judicial con una doctrina enunciada desde La Moneda, Lagos puede ejercer un rol positivo incentivando a la justicia a que agote las investigaciones con prolijidad y apuro.

 

Las fuerzas armadas no se pueden sentir permanentemente amenazadas. Los gestos realizados por el General Cheyre deben ser adecuadamente correspondidos por el gobierno para lograr así que las FFAA se sientan debidamente integradas al orden democrático. El énfasis de Cheyre en insistir que los civiles involucrados tanto en la crisis política como en las violaciones a los derechos humanos asuman sus responsabilidades históricas apunta en la dirección correcta. No hay que convertir a las FFAA en chivos expiatorios de los pecados de una clase política irresponsable. Porque las FFAA tuvieron responsabilidad hay decenas de ex uniformados desfilando continuamente por los juzgados para aclarar su participación. Pero el gran responsable tanto del quiebre democrático de 1973 como de los horrores cometidos durante la dictadura fue la clase política. Toda ella es responsable del quiebre democrático y la derecha en particular es responsable, por su cómplice silencio y militante defensa del régimen, que la dictadura se sintiera con tanto poder como para abusar de los derechos humanos. Después de utilizarla para derrocar al caótico gobierno de Allende, la derecha rechaza ahora asumir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

 

La propuesta sobre derechos humanos que prepara el gobierno difícilmente podrá ayudarnos a cerrar un tema imposible de cerrar. Podrá contribuir a acelerar procesos judiciales, mejorar reparaciones a familiares y víctimas y ampliar dichas reparaciones a torturados y exiliados. Pero por sobre todo, la propuesta del presidente Lagos debe comunicar un difícil mensaje: el tema de los derechos humanos seguirá viviendo entre nosotros. De ahí la necesidad de lograr gestos simbólicos y avanzar hacia el respeto por los derechos humanos como valor fundamental de la patria. Sólo así podremos entender que nuestro país sobrevivió a la brutalidad política, pero todavía portamos el virus que la gatilló. Los gestos simbólicos son el único remedio, el mejor recuerdo permanente para evitar que volvamos a transitar por el sendero de la violencia política.