Primero los matan

Patricio Navia

La Tercera, Mayo 31, 2003

Los derechos humanos son a la política nacional lo mismo que el tercer riel a la línea del Metro. El que lo toca se electrocuta. Desde 1990, todo intento por cerrar el tema ha sido abortado por la falta de voluntad política. El más reciente esfuerzo, para sorpresa de muchos, provino de Pablo Longueira. En entrevista televisiva hace dos semanas, el belicoso presidente UDI anunció que trabajaba en una propuesta que permitiera solucionar definitivamente ese legado de la dictadura que la derecha en pleno apoyó militantemente. Pero la sugerencia de Longueira solo logró avivar el fuego de las ardientes cenizas de la reconciliación política chilena.

Entusiasmado por su protagonismo de semanas recientes, Longueira se aventuró a entrar en un tema previamente vedado a la derecha. Haciendo gala de su conocida osadía, pero con más improvisación y menos planificación que la habitual, el diputado, que lideró desde Chile y Londres la histérica reacción UDI al arresto de Pinochet por cargos de crímenes de lesa humanidad, intentó transformar a su sector en aliado de los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura. La movida de Longueira provocó el rechazo inmediato de la Concertación, además de ayudarlos a recordar el motivo fundacional de la coalición de gobierno. No hay elemento más aglutinador para la DC y la izquierda que el rechazo a la dictadura y a su legado de violaciones a los derechos humanos. El senador Viera Gallo lo sintetizó a la perfección en este mismo diario el 28 de mayo: "Primero los secuestran, luego los matan y los entierran clandestinamente o destruyen sus restos, después niegan lo ocurrido, para terminar ahora, 30 años después, presentándose ante la opinión pública como los que verdaderamente se preocupan de sus familiares." Lamentablemente Viera Gallo se escudó atribuyendo esa acertada declaración a un "líder de la derecha."

La actitud de Viera Gallo refleja las fortalezas y debilidades de la Concertación respecto a los derechos humanos. Esas fortalezas han permitido avanzar en el camino por conocer la verdad y encontrar los restos de cientos de chilenos asesinados brutalmente. Las debilidades se reflejan en el apuro por disculpar a aquellos que apoyaron y colaboraron con la dictadura haciendo caso omiso a la evidencia sobre violaciones a los derechos humanos que se empezó a acumular inmediatamente después del golpe. Desde Jaime Guzmán hasta los miembros de la Junta, pasando por empresarios y legisladores de derecha, muchos han reconocido haber intercedido para salvar las vidas de amigos y familiares izquierdistas detenidos. Añadiendo insulto al agravio de no alzarse para defender los derechos humanos, estas personas celebran haber extendido el nepotismo y amiguismo hasta las propias cámaras de tortura.

Nada justifica las violaciones a los derechos humanos. Ni la desastrosa política económica de Allende ni los llamados de la UP a derrocar a la oligarquía y al capitalismo, ni aún la existencia de grupos armados en el país que amenazaban la democracia. La responsabilidad política de aquellos que llamaron a armarse para derrocar al estado burgués y la responsabilidad criminal de los que se armaron para implantar una dictadura del proletariado debió ser debidamente sancionada dentro del estado de derecho. Pero la defensa de la libertad no puede realizarse en sitios de fusilamientos secretos, entierros clandestinos y vuelos nocturnos para arrojar cadáveres al mar. Es inaceptable que se utilicen recursos del estado para torturar y desaparecer personas. No hay nada, absolutamente nada que justifique esos atroces crímenes.

La iniciativa de Longueira carece de legitimidad porque la UDI siempre ha desconocido la necesidad de castigar a los responsables de esos alevosos crímenes cometidos por los que controlaban el Estado (con los impuestos que pagábamos todos). La UDI siempre ha luchado para evitar asumir la responsabilidad criminal en algunos casos, y responsabilidad política en muchos otros, de haber colaborado con esa política de matar y torturar chilenos. Argumentar que no hay que mirar al pasado es ignorar que los tribunales de justicia sólo se encargan de hechos ocurridos en el pasado. Ahí es donde se debe administrar justicia por las violaciones a los derechos humanos, no en los pasillos del parlamento o La Moneda.

Hay un punto a rescatar en la anunciada, pero todavía inexistente, propuesta UDI: las compensaciones económicas a los familiares de las víctimas. Cuando el Estado expropia la vida, la propiedad privada más valiosa, y tortura a sus ciudadanos, los familiares y las víctimas que sobreviven tienen derecho a una compensación económica. Enhorabuena si los familiares de los desaparecidos y ejecutados reciben una jugosa compensación monetaria. Si el Estado compensa por expropiaciones de terrenos, bien debiera compensar por las expropiaciones de vidas y dignidad. Pero eso no disminuye, no aminora ni hace menos urgente la necesidad de lograr también la justicia. Los responsables materiales y los responsables políticos de la violencia arbitraria e ilegal ejercida por el Estado contra miles de chilenos no debieran gozar de impunidad, caiga quien caiga.