Tráfico de influencias

Patricio Navia

La Tercera, mayo 3, 2003

 

Parece que los ‘cara a cara’ de los reality shows están alcanzando también a la política. En un país cuya historia política ha estado caracterizada por los acuerdos de elites a puertas cerradas, lejos del escrutinio público, la reciente falta de compostura de los participantes del debate público, incluidos medios de comunicación y actores políticos, ha llevado a muchos a advertir que arriesgamos terminar en el mismo camino de polarización de los 60 que terminó en el quiebre democrático de 1973.

 

Pero comparadas con las de los años 60, las disputas actuales son más bien tormentas en vasos de agua. Las diferencias entre oposición y gobierno, o al interior de las propias coaliciones, son fundamentalmente de estilo y de forma, no de ideología.  Nadie puede querer derribar al gobierno porque éste busca aumentar los impuestos. Tampoco debería el gobierno esperar que el pueblo marche enfurecido por las calles demandando que la Alianza apruebe las reformas constitucionales (pese a que sin ellas el sistema institucional seguirá perdiendo legitimidad.)

 

Pero no es que la clase política haya perdido la sintonía con el resto del país al embarcarse en esta serie de acusaciones mutuas. Es todo un asunto de incentivos institucionales. Por ejemplo, el sistema binominal fue diseñado como un seguro contra la derrota, garantiza casi a la perfección que se dará una distribución de un escaño por lado. Así nadie tiene incentivos para competir de verdad, salvo al interior de las coaliciones, donde las animosidades han llevado a disputas propias de la mafia. Desde Sebastián Piñera que optó por bajar su candidatura senatorial el 2001 hasta las amenazas a diputados concertacionistas que han querido ser senadores, los escaños parlamentarios garantizados que tienen la Concertación y la Alianza han generado lógicas de monopolio al interior de cada coalición y de oligopolio en la relación con el electorado. Cuando hay oligopolio, los que lo controlan no necesitan buscar servir las necesidades de la gente. Porque el único puesto de elección popular que se no se puede dividir es la presidencia, ambas coaliciones se ven obligadas a buscar la aprobación del electorado. Pero como resulta difícil convencer a un electorado cada vez más incrédulo, todos derivan en el juego sucio. Así, abundan las acusaciones mutuas sobre corrupción, falta de liderazgo y tráfico de influencia desde la oposición, y de liviandad, cultura light y engaños desde la Concertación.

 

Las acusaciones más recientes han sido de tráfico de influencias. El entusiasmo acusador no les ha permitido advertir que ahí se puede abrir una verdadera caja de pandora. En un país donde los líderes de la clase gobernante, religiosa, empresarial y de medios de prensa se conocen desde que eran compañeros en un número reducido de colegios privados de la capital, denunciar el tráfico de influencias es entrar a un terreno que Allende, Pinochet y los gobiernos de la Concertación siempre respetaron como uno de los cimientos de la forma de gobernar el país. El emborrachamiento de honestidad que nos ha invadido desde la aparición de los reality shows amenaza con destruir los cimientos de la institucionalidad, que descansan precisamente en el convencimiento que las instituciones funcionan en un contexto de conversaciones privadas y off-the-record entre honorables empresarios, políticos y líderes sociales y religiosos: los poderes fácticos. Ahí se trafican influencias, se toman decisiones y se alcanzan acuerdos que luego legitima la clase política y que presentan en formato digerible para la población los medios masivos de comunicación.

 

Aunque inicialmente nos entusiasme la idea, es imposible pretender regular, mucho menos eliminar, el tráfico de influencias en Chile. ¿Vamos a prohibir que la senadora Evelyn Matthei hable con su esposo Jorge Desormeaux, consejero del Banco Central? ¿Serán declaradas ilegales las reuniones de la familia Piñera Echenique para evitar que Sebastián, presidente de RN converse con su hermano Pablo, Director Ejecutivo de Televisión Nacional? ¿Habrá que prohibir que Eduardo Frei Ruiz-Tagle hable con su hermano Francisco, miembro del directorio de TVN? ¿O estará prohibido que Joaquín Lavín y Pablo Longueira conversen con su amigo Luis Cordero, también del directorio de TVN? ¿De qué va a hablar la familia Zaldívar Larraín, con conexiones al mundo político y empresarial, cuando se reúnan los domingos? ¿Los cónclaves de la UDI tendrán que ser vigiladas por las Superintendencias de Valores, AFPs y Bancos?

 

Desde Correa-Boeninger-Ballerino a comienzos de los 90 y sus reuniones con connotados líderes políticos, nuestra institucionalidad se construyó en cónclaves privados. Pasando por la Red Hamlet hasta el caso Pinochet, desde la izquierda a la derecha, la elite política ha ejercido su poder por vías extra institucionales. En Chile insistimos en que las instituciones funcionan, aunque sabemos que sólo funcionan en tanto los poderes fácticos las hagan funcionar. Nuestras instituciones no son autónomas ni autosuficientes. Si empezamos a lanzar acusaciones de tráfico de influencias, el tejado de vidrio de empresarios, partidos políticos y medios de prensa no resistirá mucho tiempo.