Full Disclosure

Patricio Navia

La Tercera, noviembre 16, 2002

 

Ahora que el escándalo de las coimas se comienza a circunscribir al ámbito judicial, el gobierno ha anunciado medidas contra la corrupción y a favor de la probidad. Una de las más celebradas por la oposición es la reducción en el número de puestos de confianza, una forma elegante de reducir la discrecionalidad presidencial. Por cierto, la creación de puestos a honorarios en los ministerios fue la respuesta de la Concertación en 1990 cuando se encontró con funcionarios de planta absolutamente leales a la dictadura y en muchos casos mal calificados e ineficientes. O contrataban gente de esa forma o simplemente no podrían gobernar.

 

Pero aunque popular, la decisión de reducir la discrecionalidad presidencial no es suficiente. Los seis parlamentarios que enfrentan peticiones de desafuero no son de confianza presidencial. Y nada garantiza que funcionarios de carrera no se corrompan. La reciente revelación sobre tráfico de pasaportes chilenos en China evidencia que la tentación de corromperse afecta tanto a funcionarios de carrera como de confianza. Si queremos arreglar de verdad el problema, hay que  disminuir los incentivos que existen para la corrupción. Una legislación moderna, transparente y eficiente que aborde el financiamiento de la política es el mejor remedio para esta enfermedad cuyos estragos recién empezamos a ver.

 

Cuando se trata del financiamiento de campañas políticas, los estadounidenses, defensores de la libertad a ultranza, no se confunden. Ahí el full disclosure (información completa) es el único principio aceptable. Para los chilenos hoy, full disclosure es el equivalente de ‘toda la verdad, aunque duela.’ Cualquier persona puede averiguar quiénes han contribuido a las campañas de los candidatos estadounidenses. En www.opensecrets.org está la información que los candidatos están obligados a reportar a la Comisión Federal de Elecciones. Insisto, los estadounidenses son probablemente los más acérrimos defensores de la privacidad en el mundo. En ese país no existe ni siquiera un carné de identidad nacional. Pero no es casualidad que Estados Unidos tenga el historial democrático más antiguo del mundo. Los americanos entienden que solo con el full disclosure, la transparencia total, se puede fortalecer la democracia.

 

Así, podemos saber que en las elecciones del 5 de noviembre pasado, demócratas y republicanos gastaron US$ 274 millones en las campañas para el Senado y US$ 483 millones en los comicios para la Cámara de Representantes. Sólo en Carolina del Norte se gastaron 21 millones de dólares en la elección senatorial, a razón de US$ 9,2 por elector ($ 6.508 pesos chilenos.)  ¿Vergonzoso? Posiblemente, pero al menos público. Nadie puede decir que en las últimas parlamentarias no se haya gastado esa cantidad en nuestro país. Probablemente no, pero en el mejor de los casos sólo podemos hacer estimaciones. En Chile, cuando se trata de saber quién pone plata para las campañas, todo es un gran hoyo negro.

 

El full disclosure no lo conocemos en Chile. Hasta el día de hoy nunca se ha sabido cómo se financiaron las campañas del Sí y del No, de Aylwin, Büchi y Errázuriz en 1989, de Frei, Alessandri y Piñera en 1993 y de Lagos y Lavín en 1999. Para qué entrar a mencionar las campañas parlamentarias y las municipales. Los libros contables de los partidos políticos están llenos de mentiras. La información es tan falsa como la del fraude de la nulidad matrimonial.  Pero como creemos que es más importante creernos probos que realmente serlo, hacemos la vista gorda y nos auto-ovacionamos por una tradición republicana que, en su mejor momento, duró de 1932 a 1973 (y que en 1952 tuvo como presidente a una versión mal lograda del General Perón.)

 

Mientras no haya full disclosure sobre los fondos para campañas políticas y electorales, una solución razonable sería copiar una práctica del sector privado. Para contribuir a la transparencia, los parlamentarios deberían vestirse como los pilotos de carreras de autos. Cada uno debería andar con parches sobre la ropa que identificaran a sus patrocinadores, financistas y a los intereses corporativos que defienden. Algunos tendrían un solo parche grandote, otros andarían con muchos parches pequeñitos por todos lados. Pero al menos la opinión pública sabría quiénes son los que ponen la plata para las campañas y quiénes esperan, razonablemente, favores especiales una vez que sus apuestas ganan un escaño en el parlamento. Esto no exculpa a los millonarios que autofinanciándose las campañas ocupan sus escaños para hacer lobby por sus empresas o las de sus familiares.

 

De acuerdo, Chile no es una república bananera. Pero tampoco somos una democracia ejemplar. Para ser una democracia que funcione bien, debemos diseñar instituciones que generen los incentivos adecuados. Mientras se negocia una legislación que transparente el financiamiento de la política y entregue fondos públicos para las campañas, los parlamentarios honestos y transparentes de este país deberían comenzar a vestirse como pilotos de fórmula uno. Nadie se ganaría ningún reconocimiento de revistas de moda, pero el país avanzaría enormemente en la búsqueda de probidad, transparencia y combate decidido contra la corrupción.