Choque de civilizaciones, ¿en Chile?

La Tercera, abril 7, 2002

Patricio Navia

 

Después de leer un breve discurso en la Universidad de Chicago en febrero de 1997, el entonces presidente Eduardo Frei conversió con el público. Ante una pregunta sobre la cuestión mapuche, Frei le bajó el perfil, aclarando que el problema no tenía nada que ver con los levantamientos en Centroamérica o México. Aquella respuesta refleja muy bien la forma en que los gobiernos de la Concertación abordaron la problemática mapuche hasta que este ‘no problem’ se convirtió en un ‘real problem’.

 

La Cuestión Mapuche no es creación de la Concertación. Su origen se alimenta por una historia de discriminación contra las etnias originarias. La Concertación intentó soluciones de parche, igual que los gobiernos anteriores. Es cierto que los parches fueron más grandes y de mejor calidad, pero los problemas también habían crecido y se habían globalizado. El Nóbel de la Paz para la activista quiché Rigoberta Menchú en 1992 y el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994 posicionaron mundialmente la cuestión indígena. Ese empujón ayudó a que las reivindicaciones mapuches cobraran fuerza y ganaran amigos. Las propias políticas públicas de inclusión permitieron a ciertos líderes utilizar el sistema para avanzar sus causas. El desarrollo de las comunicaciones y nuestro celebrado ingreso a la globalización ayudaron a conectar activistas con fuentes de financiamiento internacional. Cuando uno se abre al mundo, la mano invisible del mercado puede generar milagros. La Concertación no supo diseñar políticas adecuadas. Intentando copiar la estrategia ‘de justicia en la medida de lo posible,’ se diseñó un plan que combinaba reparaciones económicas con tibios gestos simbólicos que buscaban enfriar las cosas hasta que milagrosamente desapareciera el conflicto. Pero el tema mapuche, igual que los detenidos desaparecidos, se obstinaba en reaparecer. Se le metió más plata, pero eso sólo ayudó a que la situación empeorara. Y aunque no ha habido algo equivalente al ‘arresto en Londres’, ya es evidente que la ‘cuestión mapuche’ constituye un problema de envergadura nacional. 

 

Las respuestas de la oposición también han sido contraproducentes. Mientras algunos hablan de terrorismo, otros desempolvan titulares de las tomas de terrenos de los años 60 y creen que esto es la Reforma Agraria II. Al invocar el terrorismo, invitan a imaginar  hombres-bomba suicidas en el Parque Arauco, la parada militar o alguna estación de metro. Las palabras sacan palabras, y las referencias al terrorismo en la era de Bin Laden generan ideas descabelladas. Al desenterrar viejos recuerdos de tomas de terrenos, algunos demuestran que, por más que digan lo contrario, siguen mirando al mundo con los mismos lentes de hace 4 décadas. La campaña del terror y la estrategia de polarización ya nos llevaron a una confrontación sangrienta hace tres décadas. No hay para qué repetir la historia. 

 

Simplificando en exceso, sugiero entender las reivindicaciones como la complicada mezcla de tres demandas diferentes: lucha contra la pobreza, reparaciones morales y económicas, y demanda por autonomía. No todos los mapuches comparten las tres reivindicaciones ni las políticas de gobierno se pueden hacer cargo de todas a la vez.

 

El combate a la pobreza incluye la cuestión mapuche, pero llega mucho más allá. Aunque la mayoría de mapuches sea pobre, no se puede justificar combatir primero la pobreza mapuche que la que aflige a otros chilenos. Por cierto, muchos son discriminados más por ser pobres que por ser mapuches. La discriminación étnica, tan reprobable como la residencial o la que existe contra los que asistieron a escuelas con número, evidencia que tenemos mucho camino que recorrer aún para llegar a ser una nación donde todos nazcan iguales en dignidad y derechos.

 

Podríamos avanzar más rápidamente en reparaciones morales y económicas, pero parecemos muy poco dispuestos a hacerlo. No basta con que el estado pida perdón por la subyugación y abusos históricos, aunque realizar dicha contrición sea urgente. También hay que hacer gestos concretos. Debemos dejar de honrar como héroes a los victimarios en la sangrienta Pacificación de la Araucanía. Para asumir nuestra verdadera identidad histórica, debemos celebrar lo mapuche como algo presente, no sólo como un elemento constitutivo inicial de una imaginaria ‘raza chilena’. Lo mapuche no puede ser como el sodio en la sal. Chile es sal, pero también es sodio. Al celebrar la diversidad podremos hacer la paz con nuestra violenta historia de equivocadas nociones de progreso que nunca entendieron el respeto a los derechos individuales y a la cultura como una inversión en creatividad e innovación que redunda en más riqueza. No se trata de que en cada juzgado y cada oficina de gobierno haya carteles en mapudungun o traductores. Pero sí se trata respetar y valorar la multiplicidad de etnias que constituyeron y cotidianamente siguen constituyendo este mosaico al que llamamos nación. Las reparaciones económicas tampoco pueden ser ignoradas, pero si sólo nos centramos en ellas, serán inútiles paletadas que buscan enterrar fantasmas. Sin reparaciones morales y simbólicas, sin un reconocimiento de lo mapuche como fuente de identidad nacional, diversa, plural y tolerante, las reparaciones monetarias son hasta contraproducentes. Un gesto simbólico simple, pero poderoso, sería comenzar a celebrar we tripantu (año nuevo mapuche) a fines de junio.

 

La tercera reivindicación es una demanda por autonomía. Emulando movimientos similares en las comunidades chiapanecas, algunos activistas mapuches rechazan la autoridad del Estado. Para eso recurren a actos criminales (independentistas, dicen ellos.) Frente a ellos, no se puede tranzar. La libertad, las garantías individuales e incluso los derechos humanos sólo pueden existir en un marco de respeto irrestricto al estado de derecho. Una nación que no responde con decisión a los que violentan los derechos de sus conciudadanos permite que se socaven los fundamentos de su propia democracia. Pero un país que reconoce errores pasados, celebra su diversidad y avanza en la lucha contra la pobreza y en la extensión del ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, asumiendo su pasado, construyendo un mejor presente y un futuro digno, tiene la autoridad moral para hacer ejercer el imperio de la ley. Y, lo que es mejor, evita que una población marginada y discriminada sea caldo de cultivo para la violencia y la polarización.