Dividir para reinar

Patricio Navia

La Tercera, 3 de febrero de 2002

 

Al postergar el Plan Tridente y autorizar la compra de los F-16, Lagos mató varios pájaros de un tiro, minimizó el costo político y demostró lo bien que lo hace cuando se dedica a los grandes temas del país. Pero como a los columnistas nos pagan porque nos leen, y nos leen porque resaltamos las cosas que se hacen mal, la movida del presidente  también amerita reparos.  La decisión de comprar aviones en vez de fragatas fue, como correctamente sugiriera el ahora senador UDI Jorge Arancibia, política más que técnica. El problema es que eso lo dijo Arancibia, que nunca logró entender que los uniformados no se tienen que meter en política. Su irrespeto por el espíritu de la Constitución al saltar del alto mando de la Armada a una candidatura senatorial tuvo mucho que ver con la decisión. Arancibia fue a comprar lana y toda la Armada salió trasquilada. Molestarse porque esta fue una decisión política es como criticarle al profesor que tome una decisión educacional. Cada medida de La Moneda es esencialmente política. Cuando se decide si financiar mejores escuelas, más hospitales o más subsidios para la agricultura, se está tomando una decisión política, no técnica. Igual que cuando una familia decide entre cambiar el techo de la casa o enviar a los hijos a un mejor colegio, las decisiones sobre cómo gastar los insuficientes recursos no son fáciles, pero no por eso deben dejar de hacerse.

 

Los que pensamos que no hay que tener TV cable cuando no hay para pagar la luz, creemos que el presidente debió haber optado por retrasar todas las compras militares. Primero se tendría que haber modificado la Ley del Cobre y creado un mecanismo más adecuado para financiar la modernización del aparato militar. Lo lógico sería que la compra de armas compitiera en el presupuesto nacional con otras prioridades como la vivienda, el financiamiento de los estudiantes que asisten a universidades privadas o la misma reforma a la salud. Nada justifica que el presupuesto militar tenga prioridad sobre la educación de los niños o la capacitación de los desempleados. 

 

Pero las FFAA tienen un lobby casi tan poderoso como el de la Iglesia Católica. Mientras la iglesia puede prohibir el ingreso al cielo, los ruidos de sables lo pueden mandar a uno al cielo. Por eso era improbable que Lagos suspendiera todas las compras de armas. Lo que sí podía hacer era ‘dividir para reinar.’ Al poner a competir a las distintas ramas, el presidente logra introducir incentivos de mercado a un sector que se sigue favoreciendo del estado benefactor. Inmunes a los riesgos de las AFP y protegidos por un gasto público que alcanza, según The Economist, al 4% del PIB, las FFAA tienen trato VIP cuando se les compara con la educación, salud y vivienda. Al introducir elementos que incentivan la competencia, el presidente logra mejorar la eficiencia en el gasto público. Y si los incentivos están bien diseñados, se consolidan también las instituciones.

 

Todo el país se beneficia cuando las FFAA se supeditan al poder civil democráticamente electo y se entienden como servidores de la patria y no guardianes de una democracia protegida. Por otro lado, ¿quién puede decidir si técnicamente era mejor comprar aviones o fragatas? Ya que no existe una política de defensa clara (¿con qué país tenemos más posibilidades de entrar en conflicto?), la decisión necesariamente incluye otras consideraciones: ¿qué rama ha sido más obediente y menos deliberante?, ¿cómo nos vamos a posicionar mejor en el mundo? ¿dónde son mejores los off-sets?

 

En cuanto a respetar su papel constitucional, la jugada de Longueira y Arancibia, con la venia de Lavín, fueron suficientes para que la FACH bautice el segundo F-16 que llegue a Santiago como “pablito” (el primero se llamará General Bachelet.) Respecto a posicionar a Chile, la declaración oficial del Departamento de Estado estadounidense fue breve, pero elocuente:  apoyamos la decisión de Chile.” Cuando estamos a punto de terminar la negociación para el TLC, hacer amigos entre el lobby más poderoso de ese país—la industria de defensa—es una estrategia ganadora. Ahora bien, las especulaciones respecto a las presiones que habría ejercido EEUU para lograr que se cerrara el negocio—condicionando incluso el TLC a este ‘deal’ de $443,000,000,000 de pesos—son infundadas. Cuando uno va a conocer a los papás de la novia no necesita que nadie lo presione para apersonarse con un ramo de flores. A buen entendedor, pocas palabras.

 

En lo que se refiere a off-sets, el asunto estaba más peleado. La compra de los F-16 traerá una serie de negocios de transferencia tecnológica, aunque generen poco empleo en el mediano plazo. El proyecto Tridente habría generado más empleo, pero la tecnología no nos hubiera servido demasiado, a menos que quisiéramos reeditar la etapa de sustitución de importaciones, y abriéramos plantas armadoras de autos en Casablanca y Arica y constructoras de fragatas en Talcahuano. Por eso que los que defienden la ‘inversión militar’ argumentando que el desembolso generará empleos y constituirá transferencia tecnológica, para ser consecuentes, deberían defender también una participación activa del estado en construir una industria turística en el sur y hacer más competitivo el sector agroindustrial. Si el estado se va a dedicar a atraer más tecnología e industrias subsidiadas, entonces debería empezar a pensar en un verdadero plan de desarrollo económico nacional y ‘guiar’ el mercado. Si las compras se justifican por los off-sets, entonces justifiquemos también el endeudamiento público para construir más líneas del metro y viviendas.

 

La decisión de Lagos contó con la disciplina de su coalición. De haber sido presidente Lavín y haber anunciado esta decisión, el PS, PPD, PDC y hasta el PRSD habrían puesto el grito en el cielo. Es cierto, Lavín probablemente hubiera anunciado la compra en conjunto de los aviones y las fragatas—un ‘combo militar’—pero el cómplice silencio de las huestes izquierdistas de la Concertación demuestra que en todas partes se cuecen habas.

 

Aunque el negocio involucra desembolsos que comprometen fondos de la Ley del Cobre por 9 años, las FFAA no se quedarán con la billetera vacía. En 1999 obtuvieron a través de la Ley del Cobre—o sea, además de su presupuesto regular—US$ 231 millones y el año 2000 esa cifra aumentó a 296 millones. N’est pas mal, para ser platita adicional. Aunque la decisión actual del presidente evidenció su muñeca política y su voluntad para tomar decisiones difíciles e impopulares, lo que corresponde hacer ahora es reformar la legislación vigente para meter todo los gastos de defensa en el presupuesto nacional—y no esconderlos ni en la Ley del Cobre ni en el presupuesto de las pensiones a los jubilados—y discutir si se justifica que se gaste el 4% del producto (1999) en defensa, o si parte de esos US$ 2,8 mil millones ($1.876.000.000.000 de pesos) podrían ser dedicados a solucionar los problemas reales de la gente.