El cepo a la democracia de la convención constitucional

Patricio Navia

El Líbero, octubre 1, 2021

 

A medida que va consolidando su poder, la Convención Constitucional está poniéndole un poderoso cepo a la democracia chilena. Porque ya ha dejado en claro que irrespetará el acuerdo de noviembre de 2019 que dio origen al proceso constituyente, lo que haga importará mucho más para el futuro del país que la decisión que tomen los chilenos sobre quién será la persona que suceda a Sebastián Piñera en la presidencia de la república. Como ha quedado claro ya, si no le gusta el resultado de la elección presidencial o la nueva composición del Congreso nacional, el organismo no tendrá reparos en redactar una Constitución que obstruya la voluntad popular que se exprese en las urnas en noviembre y diciembre de este año.

 

Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, cuando se realizó el plebiscito de entrada para el proceso constituyente, muchas personas incautamente aseguraban que Chile seguiría un camino distinto al que han recorrido los otros países latinoamericanos que pasaron por procesos constituyentes. La expectativa de esos incautos era que Chile sería capaz de producir una constitución minimalista que permitiera al país seguir avanzando por el mismo sendero de crecimiento, desarrollo e inclusión social que nos llevó a pasar de ser uno más del montón en la región a convertirnos en el país más desarrollado y con menos pobreza de América Latina.

 

Cuando estamos por cumplir un año desde la realización del plebiscito de entrada —donde apenas votó poco más del 50% de la población habilitada para hacerlo— va quedando claro que la Constitución será cualquier cosa, menos minimalista. De hecho, pocos dudan que termine siendo un arbolito de pascua con regalos para todos —una Constitución ekeko— que producirá una enorme presión sobre las cuentas fiscales. Además, como la Convención Constitucional ha caído presa del síndrome de la creatividad y la innovación, el nuevo texto será excesivamente largo y detallado, lo que inevitablemente resultará en contradicciones que prolongarán la incertidumbre más allá de la promulgación del nuevo texto. Además de mayor indisciplina fiscal, la nueva constitución abrirá las puertas para la judicialización del proceso político en tanto habrá que interpretar los conceptos contradictorios y ambiguos que abundarán en el nuevo texto.

 

Pero como si eso no fuera ya un grave problema, la Convención Constituyente ha dejado también en claro que no es su prioridad respetar el espíritu y la letra del acuerdo de noviembre que llevó a iniciar el proceso constituyente. Como ha ocurrido con la mayoría de las instancias similares en la historia de América Latina, el organismo se está arrogando derechos y atribuciones que no posee. El requisito de aprobar las reglas del funcionamiento de la convención por una mayoría de 2/3 ya se relativizó. El propio vicepresidente de la convención deslizó la posibilidad de que la nueva Constitución convoque a elecciones presidenciales y legislativas antes de que termine el cuatrienio que se iniciará en marzo de 2022. No parece razonable anticipar que, de no lograr terminar con la tarea de redactar el nuevo texto en julio de 2022, la Convención Constitucional alargue su periodo de sesiones por un par de meses. Como la convención parece ir encaminada a establecer la realización de plebiscitos ratificatorios de partes del texto, bien pudiéramos terminar con un plebiscito de salida con varias preguntas, lo que a su vez terminaría relativizando el objetivo inicial de que el pueblo soberanamente pueda decidir si acepta o rechaza la propuesta de una nueva constitución.

 

En resumen, la Convención Constitucional ha secuestrado a la democracia, poniéndole un cepo al proceso electoral que se realizará en noviembre de 2021. Cuando vayan a votar, las personas no sabrán si están votando por un presidente y legisladores para los próximos 4 años (8 años en el caso de los senadores) o si tendrán que volver a las urnas a elegir nuevamente a un presidente y legisladores cuando entre en vigor la nueva Constitución. Es más, precisamente porque la decisión sobre la realización de nuevas elecciones cuando entre en vigor la nueva Constitución dependerá del resultado de la elección de noviembre de 2021, los convencionales se están arrogando el derecho de vetar la decisión que soberanamente tomarán los chilenos en las urnas este noviembre y diciembre.

 

Los meses que se vienen en Chile serán de mucha incertidumbre. Lamentablemente, las elecciones de noviembre y diciembre ayudarán en poco a reducirla incertidumbre porque, después de todo, las autoridades a elegirse este año serán electas bajo las reglas de la moribunda constitución de 1980. Como ya va quedando claro, el poder político en Chile no está en manos de la gente que elegirá a las autoridades, sino que es ostentado por la convención constitucional que ya anunciado que se reserva el derecho de vetar la decisión que tomen los chilenos en las urnas en este proceso electoral. El cepo que la convención constitucional ha puesto a la democracia es un mal augurio para el futuro.