El tercer retiro es solo un síntoma del problema

Patricio Navia

El Líbero, abril 23, 2021

 

La creciente tensión que se está produciendo en torno al avance del tercer retiro de los fondos de pensiones solo viene a subrayar un problema más profundo que enfrenta el país. Desde que la clase política firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019 —en medio del estallido social— la legitimidad de la Constitución política de la república ha estado en entredicho. Después de todo, si hubo un gran acuerdo para dar luz a un proceso constituyente, la Constitución de 1980 automáticamente adquirió condición de desahuciada. Era cuestión de tiempo antes de que los legisladores y varios otros actores políticos comenzaran a ignorar sus preceptos y a alegar que, como la constitución ya tiene fecha de muerte, no hay una obligación política de seguir respetándola.

 

Hay pocas dudas sobre la inconstitucionalidad del tercer retiro de los fondos de pensiones que está pronto a ser despachado por el Congreso para la firma o veto del Presidente de la República. Pero el meollo del asunto no está en si el proyecto es inconstitucional. La verdadera disputa es qué tanto rige aún la constitución de 1980.

 

Para el Congreso, la constitución ya no vale tanto. Después de todo, en menos de un mes —si es que la pandemia así lo permite— los chilenos ya habrán votado por una convención constituyente mandatada a redactar un nuevo texto que será sometido a la voluntad popular a mediados de 2022. Los miembros de esa convención comenzarán a dar forma al nuevo texto fundamental que regirá los destinos de Chile. Desde el primer día que sesione la convención, el contenido de lo que será la nueva constitución irá opacando a la constitución actual. Aunque no está para nada claro que la convención constitucional vaya a producir un texto más coherente o razonable que el actual, parece evidente que el foco en los derechos sociales que ha tenido la campaña para la nueva constitución hará que el nuevo texto se llene de derechos sociales que, a su vez, serán razón suficiente para que una mayoría de los chilenos vote a favor de la ratificación de la nueva constitución en el plebiscito de salida.

 

Después vendrá el problema de si todas las promesas incorporadas en la constitución pueden materializarse o si el extenso texto tiene artículos contradictorios que generen controversias que, irónicamente, deberán ser zanjadas por el nuevo tribunal constitucional —o cualquier otro órgano que termine dirimiendo las diferencias constitucionales en el país. Pero, al menos mientras dure el proceso de redacción de la nueva constitución, la esperanza y los sueños serán el norte de los chilenos —incluido el sueño de que el Estado podrá financiar pensiones dignas para todos, independientemente de cuántos retiros adicionales ocurran en el país antes de que se implemente un sistema público de pensiones.

 

Tal como una pareja que ha decidido divorciarse y que, aunque todavía no ha firmado los papeles, ya ha iniciado su nueva vida formando otros hogares, los chilenos ya no parecen creer que todavía están obligados a respetar los preceptos de una constitución que un 79% de los chilenos que se molestaron en ir a votar en octubre ya no quiere que rija los destinos del país. Por eso, la actitud desafiante que han tenido los legisladores que impulsan los retiros del 10% de las pensiones, a sabiendas de que es inconstitucional, no va a desaparecer simplemente porque el Tribunal Constitucional —mandato a defender una constitución que ya tiene fecha de expiración— declara que un determinado proyecto de ley es inconstitucional.

 

Es más, precisamente porque la constitución de 1980 va de salida, los legisladores intentarán convencer al propio Tribunal Constitucional de que, para evitar seguir la misma suerte de la constitución, será mejor que no pongan obstáculos a una iniciativa legislativa que, para bien o para mal, goza de un enorme apoyo popular. Ya sea porque algunos efectivamente necesitan el dinero, porque nadie quiere dejar la oportunidad de recibir dinero o porque temen que el sistema de capitalización individual para las pensiones vaya a ser remplazado por uno público manejado por el estado y los recursos van a ser nacionalizados para financiar las pensiones de todos, los chilenos mayoritariamente quieren que se produzca el tercer retiro de pensiones. Con ese enorme apoyo popular, los legisladores se envalentonarán aun más y le pondrán presión al Tribunal Constitucional para que no obstaculice la popular medida. Aunque pudiera ser inconstitucional, lo sería de acuerdo a una constitución que, para todos los efectos prácticos, tiene tanta validez como un certificado de matrimonio para una pareja que ya decidió divorciarse y cuyos cónyuges ya han empezado sus nuevas vidas con otras personas.

 

Aunque los efectos del tercer retiro se sientan en la economía y en las cuentas fiscales de forma inmediata —y mucho más en el largo plazo— el verdadero debate hoy es qué tanto rige la constitución de 1980 en el país. De acuerdo a la opinión pública y a la inmensa mayoría de los legisladores que votó a favor del tercer retiro, la respuesta es muy clara: no mucho.