2021: El que promete más, gana

Patricio Navia

El Líbero, enero 1, 2021

 

En 2021, Chile entrará en un frenesí de campañas electorales en las que la tónica será la creatividad e innovación en el tipo y rango de promesas que realicen los candidatos. Porque el ambiente está para prometer en abundancia, sin preocuparse mucho de cómo se van a financiar todos los derechos sociales que se prometan, el país verá a candidatos competir por quién es capaz de ser más creativo y ambicioso en sus ofertas de campaña. Especialmente en las elecciones para miembros de la convención constitucional, la tentación a hacer promesas que después tendrán que cumplir otros será tan irresistible que hasta los candidatos más serios y responsables caerán en el juego de comprometerse a otorgar derechos sociales que jamás podrán materializarse.

 

A partir del estallido social de octubre de 2019, en el país se instaló la idea de que la mejor forma de reducir la obstinada desigualdad es a través de una mayor injerencia del Estado. Sin hacerse cargo del hecho de que el Estado ha sido incapaz de implementar políticas exitosas de reducción de desigualdad en el pasado, los chilenos parecen haber depositado su fe en que podemos construir un nuevo contrato social que milagrosamente producirá un Estado eficiente, eficaz y efectivo en generar condiciones para mayor crecimiento y, a la vez, reducir la desigualdad. Pero el debate público se ha centrado mucho más en cómo se puede reducir la desigualdad que en las condiciones necesarias para generar mayor crecimiento.

 

Como siempre es más fácil repartir una torta que crece que una que se achica, la condición de crecimiento sostenible debiera ser ampliamente aceptada como elemento necesario para poder discutir después la mejor forma de redistribuir mejor la riqueza. Pero en el Chile de hoy, el crecimiento se da por sentado. Es más, muchos osadamente sugieren propuestas de distribución de riqueza que abiertamente atentan contra el crecimiento futuro. Alegando, equivocadamente, que el crecimiento lo tenemos garantizado, la intelectualidad y la clase política se han centrado en encontrar fórmulas para reducir la desigualdad y se han olvidado de que, para poder ser un país más igual, primero debemos encontrar un camino de crecimiento sostenible y duradero.

 

En ese ambiente, en 2021, tendremos una campaña electoral a partir de enero para escoger a los 155 miembros de la convención constitucional el 11 de abril. Ese día, los candidatos a constituyente, competirán con candidatos a gobernadores regionales, alcaldes y concejales para atraer la atención y el interés de electores confundidos y esperanzados. La mejor forma de diferenciarse será a través de promesas simples y concretas. Mientras más simples y ambiciosas, mejores las posibilidades de cautivar la atención de los votantes. Por eso, abundarán promesas como “No+AFP”, derecho universal a las pensiones, derecho universal a la vivienda, gratuidad educacional como principio constitucional, derecho al agua, derecho gratuito a remedios y derecho a la felicidad. Después de todo, los miembros de la constituyente cumplirán sus promesas asegurándose que estos derechos queden plasmados en la constitución. Los constituyentes no tendrán la difícil tarea de convertir todos esos derechos en realidad.

 

A partir de fines de mayo de 2021, cuando la convención constitucional comience a escribir todos esos derechos en el texto de la nueva constitución, a la par del frenesí de derechos sociales que reinará en la convención constitucional, los candidatos presidenciales para las primarias del 2 de julio se sumarán al coro de promesas ambiciosas. Después de las primarias, cuando se multiplique el número de candidatos presidenciales y se sumen candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados—que irónicamente pudieran ser radicalmente diferentes después que se promulgue la nueva constitución en la segunda mitad de 2022—se producirá un desbordamiento de promesas electorales.