2021: El que
promete más, gana
Patricio Navia
El Líbero, enero 1, 2021
En 2021, Chile entrará en un
frenesí de campañas electorales en las que la tónica será la creatividad e
innovación en el tipo y rango de promesas que realicen los candidatos. Porque
el ambiente está para prometer en abundancia, sin preocuparse mucho de cómo se
van a financiar todos los derechos sociales que se prometan, el país verá a
candidatos competir por quién es capaz de ser más creativo y ambicioso en sus
ofertas de campaña. Especialmente en las elecciones para miembros de la
convención constitucional, la tentación a hacer promesas que después tendrán
que cumplir otros será tan irresistible que hasta los candidatos más serios y
responsables caerán en el juego de comprometerse a otorgar derechos sociales
que jamás podrán materializarse.
A partir del estallido social
de octubre de 2019, en el país se instaló la idea de que la mejor forma de
reducir la obstinada desigualdad es a través de una mayor injerencia del
Estado. Sin hacerse cargo del hecho de que el Estado ha sido incapaz de
implementar políticas exitosas de reducción de desigualdad en el pasado, los
chilenos parecen haber depositado su fe en que podemos construir un nuevo
contrato social que milagrosamente producirá un Estado eficiente, eficaz y
efectivo en generar condiciones para mayor crecimiento y, a la vez, reducir la
desigualdad. Pero el debate público se ha centrado mucho más en cómo se puede
reducir la desigualdad que en las condiciones necesarias para generar mayor
crecimiento.
Como siempre es más fácil
repartir una torta que crece que una que se achica, la condición de crecimiento
sostenible debiera ser ampliamente aceptada como elemento necesario para poder
discutir después la mejor forma de redistribuir mejor la riqueza. Pero en el
Chile de hoy, el crecimiento se da por sentado. Es más, muchos osadamente
sugieren propuestas de distribución de riqueza que abiertamente atentan contra
el crecimiento futuro. Alegando, equivocadamente, que el crecimiento lo tenemos
garantizado, la intelectualidad y la clase política se han centrado en encontrar
fórmulas para reducir la desigualdad y se han olvidado de que, para poder ser
un país más igual, primero debemos encontrar un camino de crecimiento
sostenible y duradero.
En ese ambiente, en 2021,
tendremos una campaña electoral a partir de enero para escoger a los 155
miembros de la convención constitucional el 11 de abril. Ese día, los
candidatos a constituyente, competirán con candidatos a gobernadores
regionales, alcaldes y concejales para atraer la atención y el interés de
electores confundidos y esperanzados. La mejor forma de diferenciarse será a
través de promesas simples y concretas. Mientras más simples y ambiciosas,
mejores las posibilidades de cautivar la atención de los votantes. Por eso,
abundarán promesas como “No+AFP”, derecho universal a
las pensiones, derecho universal a la vivienda, gratuidad educacional como
principio constitucional, derecho al agua, derecho gratuito a remedios y
derecho a la felicidad. Después de todo, los miembros de la constituyente
cumplirán sus promesas asegurándose que estos derechos queden plasmados en la
constitución. Los constituyentes no tendrán la difícil tarea de convertir todos
esos derechos en realidad.
A partir de fines de mayo de
2021, cuando la convención constitucional comience a escribir todos esos
derechos en el texto de la nueva constitución, a la par del frenesí de derechos
sociales que reinará en la convención constitucional, los candidatos presidenciales
para las primarias del 2 de julio se sumarán al coro de promesas ambiciosas.
Después de las primarias, cuando se multiplique el número de candidatos
presidenciales y se sumen candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados—que
irónicamente pudieran ser radicalmente diferentes después que se promulgue la
nueva constitución en la segunda mitad de 2022—se producirá un desbordamiento
de promesas electorales.