A legislar, a legislar, que el mundo se va a acabar

Patricio Navia

El Líbero, agosto 7, 2020

 

La premura con que el Congreso ha legislado sobre cuestiones tan trascendentales para el país representa un mal presagio para el proceso constituyente que, de confirmarse las encuestas, se iniciará después del plebiscito de octubre. Aunque sus defensores insisten en que el proceso constituyente producirá una nueva carta magna mas inclusiva, razonable y representativa de la voluntad de las amplias mayorías, hay buenas razones para temer que la misma premura que ha invadido el trabajo legislativo en Chile será la tónica del proceso constituyente. Si ese es el caso, la nueva carta que establecerá el nuevo contrato social por el que se regirá el país distará mucho de ser esa nueva casa en la que podamos caber y convivir todos.

 

Desde el estallido social de octubre de 2019, el Congreso ha modificado la institucionalidad vigente a una velocidad sin precedentes en la historia del periodo democrático actual. Desde el gran acuerdo por la Paz Social (sic) y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, el Presidente Piñera ha puesto su firma a un impresionante número de leyes que han modificado profundamente la institucionalidad y cuyas consecuencias de largo plazo todavía son difíciles de determinar.  Además de las numerosas reformas constitucionales que se han promulgado para poner en marcha el proceso constituyente, las reformas tributarias y los programas de emergencia para enfrentar la pandemia del coronavirus han transformado profundamente al país. Precisamente porque seguimos en emergencia y la lucha contra la pandemia comprensiblemente cautiva la preocupación de la gente, pocos se han detenido a reflexionar sobre el nuevo país que estamos construyendo a la rápida y sin mayor reflexión.

 

La reforma constitucional que permite a las personas retirar fondos de sus AFP—que equivocadamente se conoce como la ley del 10%, cuando en realidad para más de un 25% de las personas, es una ley que les permite retirar la totalidad de sus ahorros para las pensiones—probablemente pasará a la historia como el comienzo del fin del sistema privado de pensiones en el país. Porque el precedente ya quedó sentado que, en caso de una crisis económica, se puede retirar dinero de las cuentas que antes estaban exclusivamente destinadas a financiar las pensiones, no cuesta imaginar que, de prolongarse la crisis económica, se volverá a levantar la demanda de echar mano a otra parte de los fondos que quedan. Y para los que se han quedado sin fondos—o al menos han visto sus fondos caer en mucho más que un 10%--han aumentado enormemente los incentivos para demandar ahora que el Estado se haga cargo de financiar las pensiones.

 

Pero como si el retiro del 10% de las pensiones no hubiera sido suficiente, la nueva iniciativa que avanza en el Congreso que busca crear un impuesto “por una sola vez” de un 2,5% al patrimonio de los “súper ricos” confirma la convicción fundacional que mueve al Congreso Nacional.  Si bien el gobierno ha sido muy enfático en declarar su oposición al proyecto del impuesto a los súper ricos, basta recordar que el gobierno fue igualmente enfático en oponerse inicialmente al proyecto del retiro del 10% de las AFP. Al final, el propio Presidente Piñera, en su cuenta anual de la semana pasada, anunció que su gobierno buscaría promulgar una ley que permitiera retener el retiro del dinero de las AFPs para pagar las pensiones alimenticias adeudadas por padres morosos. 

 

Como estamos en una competencia por quien se atreve a ir más lejos sin pensar las consecuencias de los actos, algunos legisladores han sugerido que, aun en casos de padres que no pidan la devolución del 10%, se otorgue a las madres o los hijos la facultad de exigir el retiro de esos dineros para pagar las pensiones alimenticias adeudadas. Si la medida demuestra ser popular con la opinión pública, probablemente veremos un avance expedito de este proyecto en el Congreso Nacional.  Después de todo, estamos en temporada de legislar y legislar como si el mundo se fuera a acabar.

 

Lamentablemente, y aunque ahora ese escenario aparezca muy distante, la pandemia del coronavirus eventualmente pasará y el país deberá enfrentar las consecuencias de las leyes que se han promulgado rápida e irreflexivamente.  El impacto fiscal de las reformas que se han implementado en los últimos meses se sentirá por varias generaciones. La sociedad, y en particular aquella que le heredemos a nuestros hijos, deberá pagar los costos de las decisiones de gasto que hoy se están tomando. Por más que muchos insistan en que este gasto fiscal es temporal, la experiencia nos enseña que es mucho más fácil aumentar el gasto público que reducirlo después. Cuando empiece el proceso constituyente, aumentará la presión por legislar a la rápida y promulgar leyes maximalistas que no se hagan cargo de cómo financiar la expansión de derechos sociales y regalías a la población. Por eso, aunque ahora muchos sientan vértigo por la acelerada e irreflexiva forma en que se están promulgando leyes, las cosas se pondrán mucho más radicales cuando los legisladores sean remplazados por miembros de la convención constituyente cuyo mandato será redactar una nueva constitución.