El incómodo plebiscito

Patricio Navia

El Líbero, junio 12, 2020

 

Cuando fue anunciado en noviembre de 2019, el plebiscito de entrada para el proceso constituyente fue celebrado como un paso significativo para el fortalecimiento de la democracia, el fin de los enclaves autoritarios y el comienzo de lo que presumiblemente sería un nuevo contrato social más justo y legítimo para el país. Hoy, a casi siete meses de firmado el Acuerdo para la Paz Social y una Nueva Constitución, se ha convertido en una piedra en el zapato para la clase política y para el proceso democrático. Pero aunque ahora muchos lo vean como un «cacho» y no pocos propongan simplemente olvidarse del asunto y proceder directamente a redactar una nueva constitución —por medio de una convención electa o del Congreso que será electo en noviembre de 2021—, la credibilidad de las instituciones democráticas chilenas quedará profundamente herida si no se respeta el acuerdo que estableció un calendario institucional para que los chilenos decidan si quieren iniciar un proceso constituyente. Las reglas se hacen para cumplirse. No se puede pretender construir una nueva constitución que busque ser la más legitima en la historia del país cambiando continuamente las reglas del juego.

 

Como todo estallido social requiere de un chivo expiatorio para poder comenzar a construir una salida al conflicto, en noviembre de 2019 el gobierno del Presidente Piñera y los partidos de la coalición derechista Chile Vamos optaron por aceptar la propuesta de los partidos de izquierda que apuntaban a la Constitución de 1980 como el mejor símbolo para quemar en la plaza mayor y así demostrar que todos podían finalmente expiar sus pecados. Es fácil entender el por qué. Impuesta en dictadura, la Constitución de 1980 tiene un origen ilegítimo y fue inicialmente diseñada para evitar que Chile pudiera tener una democracia plena. Pero el gran mérito de la transición a la democracia en nuestro país fue precisamente que pudimos, con dificultad, construir una democracia que funciona bien. A tres décadas del fin de la dictadura, Chile vive en democracia y aunque algunos burdamente busquen asociar al Presidente Piñera con la memoria del dictador, la comunidad internacional nos reconoce como una de las democracias más exitosas de América Latina en los últimos treinta años. Por cierto, la Constitución de 1980 ha sido modificada repetidas veces. Aunque muchos prefieran mantener el viejo discurso, es falso sostener que persisten enclaves autoritarios. Sin duda que hay temas contenciosos en ella. Pero eso ocurre en todas las constituciones de las democracias del mundo.

 

Sea como fuere, la clase política buscó cerrar el estallido social de octubre convirtiendo a la Constitución en el chivo expiatorio a ser sacrificado en el plebiscito de entrada de abril de 2020. Pero la sorpresiva y trágica llegada del coronavirus arruinó la ceremonia de sacrificio. La clase política concordó en reprogramar la fecha. Pero la probabilidad de que el coronavirus siga causando estragos cuando llegue la primavera está llevando a muchos a pensar que ello no podrá realizarse de la forma programada.

 

Reprogramar el plebiscito no es tan sencillo. En julio de 2021 —en casi 12 meses— se realizarán las primarias para escoger a los candidatos presidenciales para la elección de fin de año. En noviembre, los chilenos escogerán presidente y miembros de un nuevo Congreso. Parece contraproducente que, por un lado, entremos en un proceso electoral y por otro, haya una convención constituyente redactando las nuevas reglas del juego del proceso político. Eso sería como nombrar a los miembros de la selección nacional antes de saber cuál va a ser el deporte en el que tendrán que competir.

 

Por eso muchos parecen tentados a simplemente olvidarse del plebiscito y pasar directamente a escoger a los miembros de la convención constituyente o darle esa potestad a los legisladores que sean electos en noviembre de 2021. Si bien siempre es bienvenido el pragmatismo, cuando estamos hablando de las reglas que regirán el proceso que establezca el nuevo marco institucional —el nuevo contrato social— que regirá al país por varias décadas, resulta preocupante que, en vez de demostrar nuestro compromiso para respetar las reglas del juego, lo primero que queramos hacer es volver a cambiar las reglas.

 

Si la elite política quiere redactar un nuevo contrato social que nos ha de regir por varias décadas, al menos debería demostrar que tiene la voluntad y la disciplina para respetar la hoja de ruta del proceso que ellos mismos dibujaron. De lo contrario, el proceso constituyente sentará un pésimo precedente: si las reglas que tu estableces te resultan incómodas, simplemente cambia las reglas. Si prevalece esa lógica de que la elite política no es capaz de respetar sus propias reglas, podemos anticipar que la vida útil de la nueva constitución será bastante más corta de lo que normalmente se espera que perdure un contrato social legítimo.