No basta con reponer el agua potable

Patricio Navia

El Líbero, Julio 23, 2019

 

Cuando los errores, faltas u omisiones cometidas por empresas causan daños y perjuicios a los ciudadanos, es necesario que exista un castigo ejemplar que ayude a que no se vuelva a producir una situación similar. Pero dado que las fallas anteriores relacionadas con el suministro de agua potable no han recibido una sanción de ese tipo, no debiera sorprendernos que, en el futuro cercano, volvamos a tener un incidente que involucre un nuevo corte de servicios básicos en alguna parte del país.

 

No tener acceso al agua potable es un grave problema para la salud pública, la productividad y el funcionamiento de la economía en cualquier ciudad. Pero también es considerable el daño que causan este tipo de incidentes a la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la democracia. Las personas deben pagar de forma responsable sus impuestos y las cuentas de los servicios, por lo que es razonable que esperen que el Estado y las empresas encargadas de los servicios públicos cumplan con su parte. Cuando esto no ocurre, se erosiona el contrato social. Después de la crisis que produjo la contaminación del agua potable en Osorno y el corte posterior de agua que duró más de una semana, no podemos pensar que el problema de confianza, credibilidad y legitimidad de la institucionalidad y el contrato social se va a solucionar automáticamente al reponerse el servicio.

 

Los osorninos —y el resto de los chilenos— tiene buenas razones para sospechar que la empresa responsable del corte de agua va a quedar impune por la inaceptable violación de la fe pública que representó la contaminación del agua potable y el posterior corte de agua. Precisamente porque hay precedente de que este tipo de situaciones no produce castigos conmensurados al daño causado a la población, las personas sospechan que ESSAL (subsidiaria de Aguas Andinas) apenas va a recibir una débil palmada en la mano por el corte de agua potable más prolongado que haya vivido una ciudad chilena en situaciones de normalidad (esto es, exceptuando terremotos o desastres naturales) en años recientes. Las multas y castigos aplicados a Aguas Andinas por los cortes de agua que se produjeron en Santiago en febrero de 2017 todavía están siendo litigados. A la vez que prometió pagar todas las indemnizaciones correspondientes a los afectados en Osorno, Aguas Andinas ha acudido al Tribunal Constitucional para disputar las multas impuestas por los cortes producidos en Santiago en febrero de 2017.

 

Aguas Andinas por cierto está en su derecho de defender sus intereses y proteger las ganancias de sus dueños y accionistas (Aguas Andinas es parte de Suez Environment, una empresa francesa que transa en bolsa). Después de todo, la empresa tiene fines de lucro y los accionistas esperan que la produzca ganancias. Pero la responsabilidad del Estado chileno es asegurarse que se cumplan los contratos y que se protejan los intereses de los ciudadanos chilenos. Luego, el problema no es del chancho, sino del que le da el afrecho.

 

El efecto negativo que la crisis del agua potable en Osorno ha tenido sobre la confianza de la gente en la institucionalidad, en las reglas de funcionamiento del mercado y en la legitimidad del modelo de propiedad privada de los servicios públicos es un problema mucho más grande para la sociedad chilena que para la empresa que incurrió en la falta.

 

Es comprensible que el gobierno del Presidente Piñera haya focalizado sus esfuerzos en lograr que se repusiera el servicio de agua potable en Osorno. Pero ahora que la ciudad tiene agua, el gobierno de Chile Vamos deberá enfrentar las secuelas que esa crisis tiene para la credibilidad de la institucionalidad regulatoria chilena y para el modelo de propiedad privada para la provisión de servicios públicos. Es verdad que es alta la tentación de echarle la culpa a una institucionalidad regulatoria débil y pocas herramientas punitivas. Después de todo, hay otras prioridades a las que el gobierno se debe abocar. Pero hay un riesgo evidente de que este incidente se use para deslegitimar el modelo de libre mercado y para alimentar las demandas por estatizar las pensiones, la salud, la educación y los servicios sanitarios.

 

Si el gobierno aparece repitiendo el error de gobiernos anteriores de ser demasiado blando con las empresas que incumplen su rol de proveedores de servicios básicos, no hay que sorprenderse después cuando los candidatos a puestos de elección popular prometan estatizar el agua, las pensiones, la salud, el agua o la electricidad. Después de todo, cuando esos servicios están en manos del Estado, la gente sabe que puede castigar un incumplimiento derrocando a un gobierno o simplemente sacando a esos políticos del poder en las siguientes elecciones. Con las empresas privadas, en cambio, parece que la gente no tiene herramientas para castigar y que el gobierno no quiere usar las pocas herramientas de castigo que sí posee.