Palma Salamanca y la sombra de Pinochet

Patricio Navia

El Líbero, noviembre 6, 2018

 

Si bien el gobierno del Presidente Piñera hace lo correcto al expresar su molestia por la decisión de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas de concederle asilo político a Ricardo Palma Salamanca, el peso de la historia ayuda a entender por qué una institución de la República de Francia ha tomado tan desafortunada e impropia decisión. La forma en que se produjo la transición en Chile —con la presencia de Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército hasta marzo de 1998 y con su frustrada condición de senador vitalicio— alimentan la equivocada creencia que en Chile no ha habido justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

 

La decisión de otorgarle asilo político a Palma Salamanca es injustificable. Palma Salamanca está condenado por asesinar a Jaime Guzmán, un senador democráticamente electo, en abril de 1991, más de un año después de que se terminó la dictadura. Su condena fue emitida en democracia por un tribunal legítimamente establecido y con evidencia concluyente en su contra. Palma Salamanca huyó de la cárcel de alta seguridad en 1996 y desde entonces ha estado prófugo de la justicia. Resulta incomprensible que haya personas que en Chile todavía pretendan alegar la inocencia de Palma Salamanca o relativicen su crimen aludiendo a la forma en que se produjo la transición, a la activa participación que tuvo Jaime Guzmán en la dictadura militar o a la insuficiente justicia que ha habido para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese periodo.

 

Primero, nada justifica el asesinato de un senador democráticamente electo. Si bien puede haber un argumento a favor de asesinatos contra altos personeros de una dictadura por parte de aquellos que luchan por recuperar la democracia —matar a un alto dirigente de la dictadura cubana hoy, por ejemplo, podría ser justificado a partir de un intento por generar una crisis que produzca la caída del régimen— no hay excusa posible para el de Jaime Guzmán. No es lo mismo intentar un asesinato político en dictadura que en democracia. Lo primero puede ser justificado bajo ciertas condiciones especiales y particulares —y muchos podremos creer que nunca se fundamentan ese tipo de acciones. Pero nadie en su sano juicio puede justificar el asesinato de un líder democráticamente electo en un país que vive en un sistema democrático (con problemas y tutelaje militar en 1991, pero democrático).

 

Segundo, el hecho que haya habido impunidad para muchos violadores de los derechos humanos y responsables políticos de esas violaciones cometidas en dictadura no justifica que haya impunidad para los asesinos de un apologista de la dictadura. Además, si bien muchos violadores de derechos humanos nunca fueron presos —incluido el propio Augusto Pinochet, responsable de la política de violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante su gobierno— hay decenas de militares y colaboradores de los órganos de seguridad que han sido condenados y si lo están. No pocos han muerto en la cárcel, cumpliendo condena. Luego, aun si alguien quisiera aplicar el ojo por ojo y diente por diente, Palma Salamanca debería estar preso.

 

Es necesario entonces entender por qué una institución de una república con estado de derecho, como Francia, ha decidido que Palma Salamanca es merecedor de asilo político. Uno podría buscar la explicación fácil y atribuirlo a una red internacional de izquierda que protege a terroristas. Pero la explicación es más compleja, y dolorosa, para los chilenos. La percepción internacional de que Chile no hizo adecuada justicia a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos quedó instalada en 1998 cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres. Los esfuerzos del gobierno concertacionista de Eduardo Frei por liberar al entonces senador Pinochet y lograr su retorno a Chile tuvo costos a la reputación de Chile como país comprometido con llevar ante la justicia a los violadores de derechos humanos. La procesión a Londres de legisladores e importantes líderes de partidos de derecha que no trepidaban en relativizar los horrendos crímenes cometidos en dictadura dejaron recuerdos imborrables en muchas personas que entendían a Pinochet como un dictador que causó sufrimiento a su país.

 

Si bien Chile es hoy un Estado de derecho —y lo era cuando Palma Salamanca asesinó a Jaime Guzmán y fue condenado por hacerlo— la decisión del gobierno francés deja en evidencia el negativo juicio que existe en el mundo a la forma en que el gobierno y la oposición derechista salieron a proteger a Pinochet cuando fue detenido en Londres.

 

El gobierno debiera redoblar esfuerzos para conseguir la extradición de Palma Salamanca. Pero mientras más asuman protagonismo aquellos que lideraron la defensa del dictador Pinochet cuando fue detenido en Londres en 1998, más difícil será convencer al gobierno francés de que Palma Salamanca debe ser enviado a Chile para cumplir su condena por el asesinato de un senador de la república.