Ley de cuotas anti primarias

Patricio Navia

El Líbero, enero 31, 2017

 

La adopción en 2015 de un requisito de cuota de género en la ley electoral, que obliga a cada lista a no tener más de un 60% de candidatos de un mismo sexo, restringió sustancialmente la posibilidad de implementar la ley de primarias que ya existía en el país. Porque ahora los partidos no pueden escoger por primarias a más de un 40% de sus candidatos para cada cámara del Congreso, la ley de cuotas efectivamente terminó por debilitar el poder de las personas para decidir quiénes serán sus representantes.

 

Es evidente que en Chile hay insuficiente representación de mujeres en el Congreso. Las 19 diputadas que hoy comparten membresía con 101 hombres en la Cámara hacen de Chile uno de los países con menor presencia de mujeres en la OECD. Si bien en 2013 se eligieron más mujeres que nunca antes en nuestra historia —16% en la Cámara y 18% en el Senado—, siguen estando significativamente sub-representadas en el Congreso.

 

Por cierto, las mujeres no son el único grupo sub-representado. El Congreso no refleja la diversidad del país. Faltan jóvenes, residentes de regiones y personas que no vivan ni provengan del quintil de más ingresos (hay más parlamentarios que residen en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea que en todo el resto de la Región Metropolitana). Tiene sentido implementar mecanismos que busquen promover la llegada de representantes de grupos tradicionalmente sub-representados.

 

Pero cuando se legisla apurado para alcanzar un bien deseable, los cambios antojadizos a las reglas del juego pueden terminar haciendo más mal que bien. En la reforma al sistema electoral se introdujo también la cuota de género, para asegurar que cada lista (de un partido o de una coalición multipartidista) tuviera suficiente diversidad. Este nuevo requisito de 40% (defendido con fuerza por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, cuyo gabinete por cierto tiene solo un 35% de mujeres) entraba en contradicción con la ya existente ley de primarias, que otorgaba a los partidos la opción de someter a la voluntad popular la decisión sobre quiénes serían sus candidatos. La ley electoral terminó por limitar la cantidad de primarias que se pueden realizar, de tal forma de asegurarse de que los partidos cumplieran con la ley de cuotas.

 

La nueva ley establece que el país se dividirá en 28 distritos que escogen 155 diputados y 15 circunscripciones senatoriales (siete de las cuales eligen 23 senadores en 2017). Como la ley permite que cada lista tenga un número de candidatos que supere en uno a los que se eligen en cada unidad electoral (M+1), cada coalición podrá presentar 183 candidatos a la Cámara y 30 al Senado. Pero como existe el requisito de que no se pueden hacer primarias en más del 40% de los cupos, las coaliciones podrán escoger sólo 73 candidatos a la Cámara y 12 al Senado. La decisión sobre cuáles serán los distritos en que haya primarias es de cada partido y coalición, lo que por cierto restringe sustancialmente la capacidad de las personas de escoger quiénes serán sus candidatos.

 

Para los partidos que forman coaliciones, las reglas constituyen un tremendo dolor de cabeza. Si la Nueva Mayoría va en una lista, tendrá 183 cupos para repartir entre sus partidos miembros. Pero como cada partido deberá cumplir el requisito de 40% de candidatas (porque ningún partido querrá subsidiar a otro presentando un porcentaje superior de mujeres para que otro pueda tener más hombres), será difícil cuadrar los números. Porque la realización de primarias introduce incertidumbres adicionales —ya que los partidos no pueden prever qué porcentaje de mujeres y hombres ganará las pocas que se realicen—, lo más probable es que los partidos desistan de hacerlas y opten por negociar los cupos.

 

Una forma de entender la democracia representativa es viéndola como un cuerpo de representantes que refleja la diversidad del país que representan. Pero extremar esa definición nos llevaría a remplazar las elecciones por un sorteo aleatorio de 155 personas para que ocupen un escaño en la Cámara de Diputados y 55 para el Senado. Aquellos que tengan temor de que esos legisladores defiendan sus propios intereses, o los de privados que les quieran pagar por debajo de la mesa, debiesen tener la misma sensación de incomodidad cuando se propone limitar la re-elección (en su último período, los legisladores tendrán los mismos incentivos perversos que tendrían aquellos legisladores escogidos por sorteo).

 

La democracia es siempre un acuerdo que busca privilegiar objetivos a menudo contrapuestos. En la adopción de una ley de cuotas, uno de los objetivos que se sacrificó fue la capacidad de la gente para decidir quiénes serían los candidatos. En el afán de forzar a los partidos a que promovieran más candidaturas de mujeres, la ley de cuotas terminó por convencer a los partidos de negarse a realizar primarias para que la gente decida quiénes serán las y los candidatos.