Ninguna reforma más, salvo por la nueva constitución

Patricio Navia

El Líbero, mayo 27, 2016

 

En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que la obra gruesa de su gobierno estaba casi terminada. Pero en tanto su gobierno continúe haciendo fuerza para poner en marcha un proceso constituyente, seguirá reinando la incertidumbre respecto al futuro de la principal obra gruesa sobre la que se sustenta la institucionalidad de Chile.

 

Ante las crecientes críticas en el país sobre la conveniencia de ponerle freno al espíritu fundacional de este gobierno, Bachelet declaró que “la mayor parte de la obra gruesa terminó y ahora viene la fase de implementación”. Buscando tranquilizar a los que acusan al gobierno de promover la incerteza jurídica y la incertidumbre respecto al marco institucional que regirá la actividad económica en los próximos años, Bachelet quiso aclarar que el periodo de reformas ya estaba llegando a su fin.

 

Pero la tranquilizadora frase inmediatamente fue contradicha por la evidencia. La Presidenta anunció que en el mes de junio enviaría el proyecto de ley que regulará el sistema de gratuidad en la educación superior. En estos días también han sido notorias las discrepancias en el gobierno sobre cómo responder a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la titularidad sindical. El gobierno está considerando buscar una reforma constitucional que establezca la titularidad sindical o introducir un veto sustitutivo para eliminar aspectos a favor de la flexibilidad laboral que habían sido introducidos como monedas de cambio por la implementación de la titularidad sindical. La iniciativa de reforma política que busca la elección directa de los intendentes no puede sino ser catalogada como obra gruesa. De hecho, sería el paso más significativo en pro de la descentralización tomado desde el retorno de la democracia.

 

Pero no hay evidencia más incuestionable sobre la persistencia del espíritu fundacional de la Nueva Mayoría que el esfuerzo al que se ha abocado el gobierno para dar marcha a un proceso constituyente. Es cierto que hasta ahora, el proceso no es sino un gran focus group que recogerá las visiones de los que quieren participar para lo que en definitiva será una propuesta de nueva constitución redactada por el gobierno. Los encuentros locales que se están realizando son solo instancias consultivas sin poder resolutivo. Si bien el gobierno ha declarado que las conclusiones de estos encuentros serán tomados en cuenta, la falta de especificidad sobre cómo serán tomados en cuenta en la propuesta que Bachelet haga al Congreso —y que deberá ser aprobada por mayoría de 2/3 en ambas cámaras— levanta justificadas dudas. Es bueno sentarse a conversar con otros sobre el Chile que queremos, pero no tiene mucho sentido creer que esa conversación tiene poder resolutivo sobre el texto de propuesta constitucional que el gobierno presentará al Congreso.

 

Con todo, aunque el proceso constituyente no sea tal, el solo hecho de que el gobierno haya decidido darle ese nombre refleja el compromiso con una nueva constitución para Chile. Como fue una promesa de campaña de Bachelet —tal vez la más importante—, nadie puede sentirse engañado de que la Presidenta esté intentando impulsar un proceso constituyente. Aquellos que en 2013 restaban valor a la promesa de Bachelet de que impulsaría una nueva constitución se equivocaron. Muchos en el PDC y en el empresariado que entusiastamente apoyaban la candidatura de Bachelet decían, en privado, que no habría nueva constitución, solo reformas a la actual. De hecho, incluso hoy, algunos aliados de la Presidenta prefieren hablar de reforma constitucional en vez de aceptar que el gobierno de la coalición de la que forman parte está profundamente comprometido con lograr remplazar la Constitución de 1980.

 

Ya que Bachelet lo prometió en campaña y su gobierno ahora intenta cumplir esa promesa, el esfuerzo por impulsar un proceso constituyente que resulte en una nueva constitución será la principal iniciativa del gobierno en los próximos meses. Pero, por eso mismo, resulta ilógico aseverar que la obra gruesa de este gobierno está casi terminada. No hay obra gruesa más importante que la constitución. Todos los otros debates y acuerdos quedarán supeditados a lo que diga el nuevo texto constitucional. Desde la posibilidad de establecer la titularidad sindical en la constitución hasta la disputa sobre si la educación superior deberá ser declarada como un derecho al que todos tendrán acceso gratuitamente, la nueva constitución reabrirá el debate sobre todos los puntos que el gobierno considera como parte de su obra gruesa y sobre todos los otros valores e instituciones que son parte de una constitución.

 

Uno puede o no estar de acuerdo con que Chile necesita un nuevo texto fundamental. Pero aquellos que creen que el país precisa de una nueva constitución —y que están activamente trabajando para impulsarla— no pueden decir también que la obra gruesa del gobierno está casi terminada.