Dejando el poder del dinero fuera de la política

Patricio Navia

El Líbero, abril 12, 2016

 

Al promulgar la ley que establece un nuevo estatuto para los partidos políticos, la Presidenta Michelle Bachelet entusiastamente declaró que con esta ley “estamos dejando el poder del dinero fuera de la política”.  Como todas las democracias continuamente deben lidiar con la influencia que buscan tener los grupos de interés en el proceso político, parece improbable que Chile haya logrado inventar un cortafuego que termine con esa amenaza. En la frase de la Presidenta descansa el mayor problema de esta legislación. Precisamente porque los gobiernos toman decisiones que afectan intereses económicos, siempre existirán incentivos para que los poderes económicos influyan sobre las decisiones del gobierno.  En vez de regular adecuadamente algo que de todos modos va a pasar, este gobierno ha intentado prohibir una práctica inherente al proceso político.

 

Entre sus varias reformas, la nueva ley crea un sistema de financiamiento público para los partidos políticos. El Estado entregará dinero a todos los partidos legalmente constituidos y una cantidad adicional de acuerdo a la votación de cada partido en la última elección. Este premio al desempeño contribuirá a fortalecer la dañina lógica de ‘el que tiene mantiene’ que hoy rige cómo los partidos negocian al interior de las coaliciones. Ya que los partidos con mayor votación van a recibir más, los nuevos partidos, o los que aspiran a mejorar su votación, tendrán una desventaja. Si uno quiere promover la competencia, no debería cobrarle menos impuestos a los más grandes, sino que promover el ingreso de nuevos competidores. Si bien hay buenas razones para tener una barrera de entrada —de tal forma que los electores no se confundan con un exceso de partidos—, el diseño de esta ley produce una ventaja desleal a los partidos que hoy existen sobre los partidos en formación o los que se podrán formar en el futuro.

 

Pero el problema mayor de esta nueva ley es que confunde la actividad política electoral con la actividad partidista. La ley financia partidos, no regula a militantes de partidos que quieren iniciar sus propios proyectos electorales de cara a las próximas elecciones. Así, por ejemplo, a menos que RN escoja desde ya a su candidato presidencial para 2017, los aspirantes de ese partido (los senadores Allamand, Chahuán, Espina y Ossandón, entre otros) no pueden realizar actividades de campaña —o los harán pretendiendo que es otra cosa—. Los aspirantes presidenciales no pueden montar organizaciones para recaudar fondos y que transparenten el gasto electoral (pasajes de avión, sueldos a trabajadores de la campaña, costo de financiar actividades de campaña).

 

La experiencia de candidaturas anteriores muestra que éstas no se forjan al interior de los partidos. La propia Presidenta Bachelet tenía una estructura paralela en la que trabajaban varios de los que eventualmente llegaron a ser su equipo de campaña. Esa estructura estaba compuesta por la Fundación Dialoga y por una empresa que montó Giorgio Martelli (un operador político cuyos líos legales misteriosamente han salido de las primeras páginas de los medios). La campaña de Bachelet —antes de que oficialmente se constituyera como tal— funcionaba con estos resquicios porque no hay otro sistema legal que le permita operar a la luz del día. Puede ser que entonces Bachelet no supiera de la existencia de estos equipos (la Presidenta ha reconocido que a veces se entera de cosas por la prensa). Pero la clase política sabía muy bien quiénes estaban a cargo de la precampaña de Bachelet.

 

De cara a las presidenciales de 2017, hay varios aspirantes que ya mueven piezas. Todos ellos incurren en gastos de precampaña. Algunos los financian a través de sus presupuestos como parlamentarios. Otros, como los ex Presidentes Lagos y Piñera, lo pueden hacer gracias a sus sueldos (y gastos de representación) vitalicios por su calidad de ex Mandatarios. Pero cualquier candidato que aspire a posicionarse para las elecciones de 2017 debe incurrir en gastos. Esos gastos no tienen por qué salir del dinero asignado a los partidos. Después de todo, los partidos todavía no escogen a sus candidatos.

 

La voluntarista declaración de la Presidenta Bachelet que anuncia que el dinero ya no tendrá cabida en el proceso político chileno refleja los supuestos equivocados con que se legisló esta reforma. En vez de regular algo que de todos modos va a pasar, esta reforma se convirtió en un subsidio a los partidos que sólo aumentará el papel de las donaciones por debajo de la mesa —o usando resquicios legales—. Para los partidos emergentes, que parten con desventaja ante los ya establecidos, y para los aspirantes a candidatos presidenciales y legislativos que necesitan empezar a gastar dinero para poder lograr subir en las encuestas y convertirse en candidatos viables ante los ojos de los ahora más poderosos partidos políticos, esta ley solo aumenta el poder del dinero en la política.