El financiamiento de campañas y la defensa de Cristian Riquelme

Patricio Navia

El Líbero, febrero 12, 2016

 

La polémica sobre la obstinación por parte de la Presidenta Michelle Bachelet de mantener en su cargo al jefe administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, alimenta sospechas sobre el rol que tuvo Riquelme en manejar la caja chica durante la campaña presidencial y en facilitar acceso a recursos públicos a miembros del círculo íntimo del bacheletismo a partir de marzo de 2014. Después de que los escándalos CAVAL y SQM desnudaran las vías de financiamiento que tuvo en los últimos años el círculo cercano de Bachelet, resulta incomprensible para algunos la obstinación de la Mandataria por mantener a Riquelme en ese puesto tan sensible. Pero como las campañas cuestan dinero y las lealtades deben ser recompensadas, es comprensible que el círculo íntimo del bacheletismo cierre filas en torno a Riquelme.

 

Parte del problema detrás de esta polémica es que los chilenos nos negamos a aceptar que las campañas son costosas y que hay que financiar a las personas que se dedican de tiempo completo a la actividad política. Es común escuchar a intelectuales y periodistas que, al criticar la opacidad sobre cómo se financia la actividad política, parecieran creer que se puede hacer política sin tener acceso a los millonarios recursos que precisan las campañas. Estos críticos parecen creer que en las democracias saludables, las campañas no cuestan plata.

 

Aunque el gobierno de la Nueva Mayoría esté ahora obsesionado en restringir la influencia del dinero, las campañas electorales serán cada vez más costosas. Para posicionar ideas y candidatos, los partidos necesitan enormes recursos monetarios. Si bien hay buenas razones para prohibir los aportes de las empresas (que no votan), no tiene sentido querer prohibir el aporte de personas (que sí votan). Como indicaría el sentido común, bastaría con transparentar los aportes en dinero, voluntariado o servicios que otorguen las personas a las campañas para tener un sistema de financiamiento sujeto a rigurosa regulación. El camino del gobierno, en cambio, ha sido el de una regulación voluntarista e inaplicable que aspira a prohibir el financiamiento privado. Si bien el gobierno ha promulgado una reforma que establece el financiamiento público de los partidos —complementando el ya existente financiamiento público a las campañas—, el nuevo marco regulatorio favorece a los partidos ya establecidos, en tanto asocia el financiamiento a la votación que obtuvieron los partidos en la última elección. Para los partidos emergentes, las barreras de entrada han aumentado.

 

Como en Chile hay poca cultura de donaciones individuales transparentes a campañas electorales, los nuevos partidos y candidatos emergentes tendrán dificultades para financiar sus aventuras electorales. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, donde los candidatos emergentes pueden recaudar fondos desde muy temprano, en Chile el periodo de recaudación oficial de fondos solo dura los 90 días de campaña. Una campaña como la del senador socialista de Vermont Bernie Sanders, que ya ha recaudado más de 95 millones de dólares entre 1,3 millones de donantes individuales, sería imposible de realizar en Chile, pese a que dado el nivel de desarrollo del país, sería perfectamente factible que 150 mil personas donaran 10 mil pesos cada una para una campaña presidencial (juntando más de 2 millones de dólares), los chilenos hasta ahora han preferido que el costo de las campañas lo paguen las empresas y el fisco.

 

Si se niega la importancia del dinero en la política, es difícil entender la obstinación del círculo cercano de Bachelet en mantener a Cristián Riquelme como jefe administrativo de La Moneda. Pero si aceptamos que los miembros del círculo íntimo de Bachelet necesitaron recursos para financiarse durante el cuatrienio de Piñera y que montar la campaña presidencial de Bachelet requirió de más recursos que los que oficialmente se informaron como gasto en el periodo de 90 días que duró la campaña presidencial, entonces se entiende que La Moneda defienda con tanto ahínco a Riquelme. El papel de Riquelme es clave ya sea porque el administrador jugó un rol clave en la travesía del desierto del bacheletismo en el cuatrienio de Piñera o porque el discrecional acceso como administrador de La Moneda a enormes recursos públicos le permite ayudar a financiar al bacheletismo duro —la revelación sobre los recursos destinados al documental que dirigirá la cineasta cercana a Bachelet, Tatiana Gaviola, es un ejemplo del uso discrecional de esos fondos—.

 

Si bien nadie quiera hablar de quién paga la abultada cuenta de las campañas electorales, negarse a hablar de una realidad no hace que ésta desaparezca. La cerrada defensa de Cristián Riquelme que ha hecho el bacheletismo se explica, fundamentalmente, porque los que han participado en campañas saben del alto costo monetario involucrado y valoran a los que se involucran en esa parte de la política de la que nadie en Chile quiere hablar.