Nueva constitución

Patricio Navidad

El Líbero, octubre 23, 2015

 

El debate sobre la hoja de ruta constitucional que debe seguir Chile gira en torno a dos opciones: una nueva constitución o mantener el camino actual de reformas a la constitución de 1980. En la medida que la terminología dominante sea el de una “nueva constitución”, la opción de la Asamblea Constituyente se hará inevitable. Los que se oponen a la AC debieran resistirse a hablar de “nueva constitución” e insistir en que Chile debe seguir por el camino de reformas. El uso oportunista del concepto “nueva constitución”, promoviendo vías de reformas consensuadas desde la elite (incluso con un plebiscito ratificador) solo otorgará mayor legitimidad a los que quieren que el proceso constituyente se inicie (y no solo termine) con un proceso electoral en que los chilenos (y no solo la elite) escojan el rumbo del proceso constituyente.

 

La cuestión central del debate constitucional radica en si Chile requiere de una nueva constitución o basta con seguir el camino de reformas utilizado desde 1989. Ya que ambos bandos han intentado ganarse el apoyo de la opinión pública, los pro y contra de ambas opciones se han distorsionado. Desde los que advierten que un proceso constituyente derivará en el debilitamiento institucional hasta los que dicen que hay que respetar el hecho de que una mayoría de los chilenos quieren nueva constitución, las posturas se han caricaturizado.

 

Los que advierten que el camino de una nueva constitución —y en especial la AC— es un pasaje seguro a la perdición a menudo utilizan el caso de Venezuela como ejemplo. Pero las razones del debilitamiento de la democracia en Venezuela son anteriores al proceso constituyente que se inició con la llegada de Hugo Chávez al poder. Precisamente porque Venezuela mantuvo niveles de desigualdad tan altos, se consolidó un duopolio político con crecientes niveles de corrupción, y porque ese país no supo prepararse para enfrentar un mal ciclo de precios de su principal exportación, el sistema se deslegitimó y Chávez llegó al poder para enterrar al viejo régimen. En Chile, la clase política, con todas sus debilidades, ha sido mucho más responsable que la clase política venezolana del antiguo régimen. Además, en Venezuela la desigualdad había aumentado y la pobreza no había disminuido. En Chile, en cambio, ha disminuido la pobreza, la clase media es más grande que nunca antes e incluso la desigualdad disminuye (lento, pero disminuye).

 

Los que basan su demanda por una nueva constitución en un supuesto clamor popular también caricaturizan su argumento. Que una encuesta diga que la gente quiere una nueva constitución no es suficiente para justificar un proceso constituyente. La gente también quiere que no se aumente el número de legisladores, que se baje el sueldo de los senadores y diputados y, crecientemente, los chilenos desean que la clase política se vaya para la casa. Además, la gente bien pudiera estar a favor de lo “nuevo” sin entender el significado de adentrarnos en un proceso constituyente por varios años. En abstracto, la gente puede querer una casa nueva. Pero mientras no vea la maqueta, no sabrá si prefiere mantener la casa actual (con o sin reformas) o mudarse a la casa nueva.

 

Ahora bien, incluso si hay mejores caminos hacia una nueva constitución que el que tomó Venezuela (y hay ejemplos exitosos de Asamblea Constituyente en otros países), una AC siempre implica un riesgo. Las nuevas constituciones siempre tienden a ser más largas y los constituyentes a menudo se inclinan por la creatividad en el texto, introduciendo mayores preceptos y regulaciones que hacen a las constituciones más inflexibles y más difíciles de cambiar en el futuro. Por eso, los que rechazan la inflexibilidad de la constitución actual pudieran terminar llevándose una sorpresa si logran que el país se embarque en un proceso constituyente.

 

Además, dado que Chile es un país de gente moderada que favorece la construcción de consensos, una nueva constitución que refleje las preferencias de la gente probablemente incluirá mayores incentivos para construir consensos. No será el sueño de algunos que una mayoría electoral en una elección bastará para introducir cambios radicales.

 

Con todo, el destino del debate constitucional dependerá de quién logra imponer la terminología. Si los actores políticos terminan hablando de nueva constitución, será muy difícil evitar la AC. No hay justificación para restringir la participación ciudadana a ratificar acuerdos de la elite y no darles participación desde el día uno, escogiendo a aquellos que redactarán el nuevo texto. Por eso, aceptar que Chile requiere de una constitución y que no basta con seguir el camino hasta ahora utilizado de reformar la actual significa quedar atrapado en un camino que lleva ineludiblemente a la Asamblea Constituyente. Aunque suene tentador disfrazar propuestas de reformas a la actual hablando de “nueva constitución”, esa estrategia solo ayuda a avanzar en el camino hacia una asamblea constituyente.