Los estudiantes dan al gobierno una sopa de su propio chocolate

Patricio Navia

El Líbero, junio 26, 2017

 

Al acusar al gobierno de soberbia, por no aceptar que el único poseedor de toda la verdad es el movimiento estudiantil, los líderes de las federaciones universitarias han hecho al gobierno beber una sopa de su propio chocolate. Porque el gobierno ha repetidamente dejado en claro que entiende el diálogo como un proceso a través del cual sólo el interlocutor cambia de opinión, la postura estudiantil sirve de inmejorable ejemplo para el gobierno de lo poco productivo que resulta llamar al diálogo cuando el convocante no está dispuesto a aceptar que no es dueño de la verdad.

 

Aunque hubiera tenido sentido que el gran anuncio en el discurso presidencial del 21 de mayo hayan sido los detalles sobre el proceso constituyente o la agenda de probidad, la declaración de la presidenta sobre la gratuidad de la educación superior se convirtió en el tema más polémico del discurso presidencial. Al anunciar que la gratuidad se iniciaría en 2016, pero sólo para el 60% de menos ingresos y solo en las universidades del CRUCH, Bachelet dio el puntapié inicial para una batalla que mezcla intereses particulares con defensa de principios. Como las universidades del CRUCH incluyen planteles públicos y privados, varias universidades no tradicionales rápidamente reaccionaron, alegando discriminación. Si la PUC accede a gratuidad, ¿por qué no la Alberto Hurtado? Si la U de Concepción o la Federico Santa Maria entran a la gratuidad, ¿por qué otras privadas como la UDP quedan fueran?  Y en última instancia, ¿la gratuidad es para los estudiantes más necesitados o solo para aquellos que tienen suficiente puntaje como para entrar a las universidades más competitivas?

 

Adicionalmente, como los aranceles varían de universidad en universidad, la gratuidad necesariamente requerirá fijación de precios por parte del Estado. Pero así como el precio de una empanada varía dependiendo de su contenido, reputación del vendedor y barrio dónde se ubica el negocio, el valor de una carrera dependerá de muchas variables. No parece razonable que el Estado fije precios, porque no sabe cómo hacerlo y porque no hay razón para pensar que todas las universidades deban cobrar lo mismo.

 

Peor  aún, ya que la promesa de gratuidad busca reducir los altos niveles de desigualdad, la exclusión de los institutos profesionales y centros de formación técnica es incomprensible. Por más que se parta por el 60% de menos ingresos, no incluir en la gratuidad las instituciones educacionales donde estudia la mayoría de los alumnos vulnerables hará que la desigualdad aumente, incumpliendo la principal promesa de campaña de Bachelet.

 

Comprensiblemente, el gobierno ha tratado de cuadrar el círculo, buscando una fórmula que otorgue gratuidad a la mayor cantidad posible evitando que los recursos vayan a parar a instituciones que lucran o que ofrecen educación de insuficiente calidad. Ya que cualquier fórmula es sub-óptima, en tanto dejará sin cobertura a gente que la necesita, La Moneda ha mostrado disposición a flexibilizar su postura.

 

Pero en su intento por generar instancias de diálogo, el gobierno se ha encontrado con interlocutores que se creen dueños de la verdad. Los líderes estudiantiles han dado muestra de una convicción profunda sobre sus principios que raya en la locura. Sin entender que solo los necios y los dictadores se creen dueños de la verdad en cuestiones que son debatibles, en tanto responden a preferencias subjetivas y se construyen sobre información incompleta, los estudiantes acusan al gobierno de soberbia y de falta de diálogo democrático cada vez que La Moneda se niega a ceder ante las demandas estudiantiles.

 

La intransigencia de los estudiantes resulta incomprensible. Es poco razonable e impropia en un estado de derecho democrático.  Pero en el Chile de hoy, esa intransigencia es más el patrón que la excepción. El gobierno ha usado hasta el cansancio el argumento de que el diálogo es solo una oportunidad para explicar mejor y para que los otros cambien de opinión. Repetidas veces, los llamados que ha hecho el gobierno a dialogar han sido acompañados de afirmaciones temerarias sobre la inalterabilidad de la hoja de ruta. Pero el diálogo honesto supone aceptar que nadie tiene el monopolio de la verdad. Sentarse a negociar implica el reconocimiento implícito de que ambas partes están dispuestas a ceder.  Uno puede estar tan convencido de sus creencias al punto de no querer dialogar. Pero uno no puede llamar al diálogo a la vez que se arroga el monopolio de la verdad.

 

La postura intransigente de los estudiantes da fe de su pasión y convicción, pero también desnuda sus débiles valores democráticos. Pero tanto esa postura ahora tiene al gobierno contra la pared, esa práctica de creerse dueño de la verdad constituye una poderosa lección para un gobierno que se acostumbró a creer que el diálogo consiste en que los otros acepten tus creencias y valores como propias.