Corruptos y malos legisladores

Patricio Navia

El Líbero, junio 16, 2015

 

A la percepción generalizada de que el Congreso está mayoritariamente habitado por personas carentes de sentido común para entender la existencia de conflictos de interés —e incluso uno que otro abiertamente corrupto— debemos sumar dudas fundadas sobre qué tan responsables son cuando votan las leyes.

 

La declaración del presidente del Senado, Patricio Walker, de que es probable que se necesite hacer una nueva ley para corregir los errores de la reforma tributaria de 2014 constituye un reconocimiento tácito de que el primer año del gobierno de Bachelet estuvo dominado por el apresuramiento en el proceso legislativo. Reabrir el debate tributario a menos de un año de haberlo declarado cerrado alimenta todavía más los ya altos niveles de incertidumbre en el país. Peor aún, sugerir que sea el Congreso —conformado por el mismo grupo de irreflexivos legisladores y con una reputación todavía peor— el encargado de corregir su propia mala ley siembra fundadas dudas sobre qué tan buenos serán los ajustes. Igual que un maestro chasquilla que promete (ahora sí) arreglar las cosas después de dejar la embarrada, el presidente del Senado advierte que van a tener que entrar a picar (de nuevo) sin asumir la responsabilidad institucional por enviar una mala ley al Ejecutivo para su promulgación.

 

El sistema político chileno es fuertemente presidencial. Solo el Ejecutivo tiene facultad para iniciar legislaciones en cuestiones que involucren presupuesto. De ahí que cualquier reforma tributaria solo puede emanar de un mensaje presidencial. Además, el Congreso debe legislar de acuerdo a las urgencias establecidas por el Presidente. El sistema es tan presidencial que el Ejecutivo puede decretar que una legislación debe tener discusión inmediata, lo que obliga a la cámara respectiva a votar la iniciativa en tres días. Pero el Congreso tiene una enorme capacidad de bloquear al Ejecutivo. Como casi todas las leyes significativas tienen requisitos de súper mayoría —que van de 4/7 a 2/3—, el Congreso puede ejercer presión sobre el Ejecutivo con la amenaza de votar en contra del proyecto. Si bien la reforma tributaria solo requería de mayoría simple, el solo hecho que hubiera voces que expresaron reparos a algunos elementos de la reforma obligó al Ejecutivo a negociar en el Senado.

 

En la Cámara primó la borrachera de la retroexcavadora y los diputados irresponsablemente actuaron con la misma premura de una comisión legislativa en tiempos de la dictadura, aprobando lo que envió el Ejecutivo sin cuestionar nada. Pese a los abultados sueldos que reciben, los diputados demostraron una enorme incapacidad para hacer bien su pega de legislar.

 

Si bien el Ejecutivo se vio obligado a hacer concesiones —tanto para lograr el apoyo de los senadores díscolos del PDC como para buscar que la reforma fuera aprobada también con votos de derecha—, el Senado no fue capaz de usar su amenaza de bloqueo para lograr que la reforma tributaria alcanzara el objetivo de recaudación y mantuviera el razonable principio de que las mejores reformas tributarias son aquellas que simplifican el código. Buscando minimizar el impacto sobre las pymes, la reforma creó dos sistemas de tributación, generando cuestionamientos inmediatamente entre los expertos tributarios. Pero como La Moneda estaba inspirada por la promesa de “reformas y no reformitas”, el gobierno se obstinó y el Senado terminó por validar y legitimar una reforma que ahora el propio presidente del Senado reconoce que necesita ser sometida a cirugía.

 

Si bien es comprensible que el gobierno haya entrado apurado a la cancha, por la presión que tenía para cumplir sus ambiciosas promesas fundacionales, no había motivo para que el Senado se contagiara con la locura del apresuramiento irreflexivo. El Senado se renueva por mitades cada cuatro años precisamente para evitar que todo el Congreso caiga víctima de las pasiones temporales generadas por la politización propia de las campañas presidenciales. Pero el Senado incumplió su tarea de reflejar los intereses de las mayorías de 2013 —que quería reformas— con la mayoría de 2009 —que quería reformas que apuntaban en otra dirección—. En 2014, el Senado se intoxicó con la creencia de que las reformas rápidas eran mejores que las reformas bien hechas. Esa intoxicación incluyó a los legisladores de la Alianza (y a varios de sus dirigentes y líderes que no tienen escaños en el Congreso) que también se embriagaron con la creencia de que las reformas debían hacerse en forma apresurada.

 

Hoy, que se empieza a imponer la percepción de que, respecto a la reforma tributaria de 2014, se va a tener que entrar a picar de nuevo, antes de que la reforma se haya terminado de implementar, la lección para el Congreso debiera ser que es mejor hacer bien las tareas que hacerlas apresurado. Para el resto del país, la lección es que no se puede confiar que este Congreso produzca buenas leyes.