¿Quién corta el queque en el proceso constituyente?

Patricio Navia

El Líbero, mayo 21, 2015

 

En casi dos horas de su cuenta pública del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet evadió entregar detalles sobre el tema más importante de su agenda de reformas, la nueva constitución.  Al declarar que “llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable”, Bachelet desnudó la profunda división que existe en su gobierno y en la Nueva Mayoría sobre cuál debe ser la hoja de ruta para la nueva constitución.  Ya que no especificó quién cortará el queque—o quienes estarán en la cocina que redacte el contenido final de la nueva carta magna—Bachelet continuó alimentando la incertidumbre sobre cuál será el camino que escogerá su gobierno para intentar promulgar una nueva constitución.

 

Las ambigüedades de Bachelet sobre cómo quiere producir una nueva carta magna se basan en que existe un acuerdo en su coalición sobre la necesidad de sepultar definitivamente la constitución de Pinochet.  Si bien ha sido modificada múltiples veces y ya no quedan enclaves autoritarios en el texto, el solo hecho que siga siendo la constitución de Pinochet es una espina clavada en el corazón de la centro- izquierda.  Como un hijo producto de una violación, la Constitución de Pinochet tiene un origen ilegítimo.  Pero resulta que este hijo—que físicamente se puede parecer al violador, y por lo tanto la sombra de la ilegitimidad de origen no desaparece nunca—resultó ser buena persona.  Tiene fortalezas y debilidades, pero se ha desenvuelto y evolucionado satisfactoriamente.  Tal vez el gran mérito de Chile es que pudo construir una democracia a partir de una constitución cuyo origen e intención inicial era obstaculizar la democracia.  Por cierto, Chile no es el único caso de un país que construyó una democracia a partir de una constitución de ilegítimo origen.

 

Es incuestionable que la constitución tiene cuestiones controversiales.  Pero todas las constituciones tienen cuestiones controversiales.  El poder del tribunal constitucional, la existencia de cuórums altos o las limitantes al Estado para que pueda emprender en distintos ámbitos de la economía pueden desagradar a muchos, pero no son cuestiones antidemocráticas.  Hay múltiples constituciones en el mundo democrático que restringen la capacidad del Estado, otorgan amplias facultades al tribunal constitucional y establecen altos cuórums. De cualquier forma, para modificar estos controversiales asuntos no es necesaria una nueva constitución, bastaría con promulgar reformas constitucionales. 

 

Algunos podrían argumentar que el origen, más los altos cuórums para cambiarla, entregan un poder excesivo a los favorecidos por el statu quo constitucional. De ahí que, para ellos, sea necesario promulgar un nuevo texto que refleje los equilibrios y no favorezca el orden económico y social instituido en dictadura.  Para ese grupo, las reformas no son suficientes.

 

La Presidenta Bachelet ha buscado un equilibrio entre los que promueven reformar la constitución actual y los que quieren una nueva Constitución—que en su definición ideal, supone devolver el poder constituyente a la gente a través de la elección de una Asamblea Constituyente (AC). Por eso, en su discurso del 21 de mayo, Bachelet habla de participación ciudadana incidente y momento institucional legítimo y confiable. Con lo primero, busca tranquilizar a los que quieren AC. Con lo segundo, busca calmar a los que solo quieren modificar la constitución actual (aunque a esa modificación la quieran llamar Nueva Constitución).

 

Pero como siempre ocurre cuando hay posibilidad de empate entre dos posiciones, tiene que haber un mecanismo que dirima.  Si el proceso de participación ciudadana incidente discrepa de las posturas de los congresistas que deberán votar las reformas a la constitución, ¿quién corta el queque?

 

La Presidenta ha sido especialmente ambigua en detallar el mecanismo a través del cual ella aspira a equilibrar la participación ciudadana incidente y la realidad actual que requiere de acuerdos de dos tercios de ambas cámaras para modificaciones sustantivas a la Constitución. Mientras no aborde esa cuestión central, las declaraciones de la Presidenta sobre su determinación a impulsar una nueva Constitución se mueven entre la irresponsabilidad y el populismo. Porque no se puede a la vez hablar de participación ciudadana incidente (cuestión que la constitución actual no permite en el proceso de reformas constitucionales) y un momento institucional legítimo (frase que sugiere que se respetará la institucionalidad vigente), lo que ha hecho hoy la Presidenta Bachelet es intentar quedar bien con Dios y con el Diablo. Pero al no especificar quién cortará el queque, la Presidenta solo logra alimentar más la incertidumbre existente sobre qué hoja de ruta quiere seguir en su afán por promover un proceso constituyente.