Peor que la corrupción

Patricio Navia

El Líbero, mayo 5, 2015

 

En un país golpeado por casos de corrupción cuesta imaginar que haya algo que dañe más la confianza de la gente en su clase dirigente que escándalos como los de Penta, SQM y Caval. Pero el daño que hace el inmovilismo y la falta de liderazgo es mayor y de más largo plazo. En tanto la corrupción se combate con reformas institucionales y cambios en la estructura de incentivos, la falta de liderazgo imposibilita la concreción de esos cambios y contribuye a que el efecto pernicioso de la corrupción se expanda más.

 

La corrupción es tan inevitable en la política como el crimen en la sociedad. Ningún país está a salvo de sufrir sus consecuencias. Es verdad que hay naciones cuyos valores culturales e incentivos institucionales hacen que la corrupción sea menos común. Cuando hay castigos ejemplares, predomina la transparencia en el sector público, hay una sociedad civil fuerte y una prensa vigorosa e independiente, los casos de corrupción son más aislados. En países culturalmente intolerantes a las trampas en cosas cotidianas, también hay menos corrupción. En cambio, en sociedades que toleran que la gente no pague el transporte público, que los manifestantes golpeen a las policías, que los antisociales hagan de las suyas en los estadios, que las autoridades practiquen el nepotismo, que los negocios vendan productos sin pagar el IVA, que los empleadores incumplan las leyes laborales y que los empleados saquen la vuelta en sus puestos de trabajo, la corrupción política es solo la extensión de lo que ocurre en el resto de la sociedad.

 

Ahora bien, cuando la economía anda bien, se expanden las oportunidades, hay empleo y se nota el desarrollo, la corrupción es opacada por las buenas noticias. Pero cuando la torta a repartir se achica, la gente se preocupa más de evitar que algunos se queden con un pedazo más grande. Si Chile estuviera creciendo a 7%, con un desempleo en torno al 4%, y los salarios aumentaran producto de una mayor oferta de empleos, mucha gente estaría más preocupada de aprovechar de subirse a la ola de crecimiento y desarrollo que de seguir indignada las noticias sobre cómo el dinero ha capturado la política. No es casualidad que, ahora que las economías de América Latina se han frenado, los escándalos de corrupción dominen el debate en varios de los países más importante de la región. Cuando todos están ganando a manos llenas, es más fácil robar sin ser descubierto. Pero cuando el barco amenaza con hundirse, la principal preocupación es encontrar chivos expiatorios.

 

Pero la razón por la que estos escándalos de corrupción han permanecido en el ojo público por tantos meses es la forma en que el gobierno ha liderado la respuesta de la clase política a los escándalos. En 2002, cuando el escándalo MOPGate amenazó la continuidad del gobierno de Ricardo Lagos, la rápida respuesta del gobierno, que coordinó una salida negociada con la oposición, permitió encauzar la crisis de tal forma de fortalecer las instituciones. Porque entonces se introdujo algo de transparencia y control al financiamiento de campañas, hoy podemos saber de políticos que se financian por debajo de la mesa y más allá de lo que permite la ley. Es cierto que el acuerdo Lagos-Longueira fue insuficiente y menos que óptimo, pero en política se puede avanzar, retroceder o quedarse en el mismo lugar. El escándalo MOPGate permitió avanzar para construir una mejor democracia.

 

Hoy, los escándalos Penta, SQM y Caval han paralizado al gobierno. Después de más de un mes de silencio, Bachelet apareció anunciando la formación de un Consejo Asesor Presidencial que tendría 45 días para emitir un informe. Aunque el plazo parecía excesivo —y obligó al gobierno a una estrategia defensiva durante esas semanas— la entrega del informe final le dio a la Presidenta Bachelet una inmejorable oportunidad para retomar el control de la agenda anti-corrupción.

 

Lamentablemente, la decisión de Bachelet de mezclar su anuncio sobre su agenda de probidad con el del inicio del proceso constituyente ha hecho que el gobierno vuelva a perder el control de la agenda. Nuevas revelaciones sobre los pagos hechos por SQM a políticos de gobierno y oposición, y la incapacidad del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para despejar dudas sobre los pagos indirectos que recibió de SQM han hecho que la agenda de probidad del gobierno pase a un segundo plano frente a la discusión —comprensiblemente más transcendental— sobre la nueva Constitución y al desarrollo de la trama judicial en los casos Penta, SQM y Caval.

 

A una semana de que Bachelet anunciara las conclusiones del informe de la Comisión Engel, el gobierno sigue siendo incapaz de retomar el control de la agenda política en el país. El daño que hace la falta de liderazgo de un gobierno que ha sido tardíamente reactivo para enfrentar los escándalos de corrupción y retomar el control de la agenda legislativa es sustancialmente superior al daño a las instituciones y la confianza que han causado, en conjunto, los escándalos Penta, SQM y Caval.