Actos de gobierno y hechos de particulares

Patricio Navidad

El Líbero, marzo 24, 2015

 

Al intentar deslindarse de los coletazos del caso Caval, el vocero del gobierno, Álvaro Elizalde, ha pedido separar los actos de gobierno de los hechos de particulares. Elizalde sugiere que el negocio inmobiliario de Sebastián Dávalos, el hijo de la Presidenta, y de su esposa Natalia Compagnon no tiene nada que ver con Bachelet. Ese argumento es falso tanto porque hay hechos de particulares que tienen incuestionables implicaciones políticas y porque la participación de Dávalos en el gobierno, nombrado por su propia madre al puesto reservado para la pareja del Presidente, constituye también un hecho político.

 

Resulta irónico que sea el propio Elizalde quien busque distinguir entre actos de gobierno y hechos de privado. Habiendo estado involucrado en la sociedad Gandía, empresa de su padre que era una de las dueñas de la Universidad Bolivariana y que ha sido investigada por el SII por fraude tributario, Elizalde debería saber que muchos hechos privados tienen implicaciones públicas. Cuando habla del compromiso del gobierno para terminar con el lucro, el vocero sabe que carga con el cuestionamiento de haber estado involucrado en un negocio típico de universidades que lucran por vías alternativas. Los hechos privados realizados por el ministro, ocurridos antes de que asumiera su actual cargo, constituyen su hoja de vida profesional que da o resta legitimidad a los principios que él ahora dice querer defender.

 

De igual forma, los hechos privados (sus negocios, en este caso) realizados por el hijo de la Presidenta Bachelet constituyen su carta de presentación cuando él pidió ser nombrado al cargo de Director Sociocultural de la Presidencia. La admisión pública que hizo Bachelet respecto a su desconocimiento previo de los negocios de su hijo no exculpa a la Presidenta. Al contrario, eso solo subraya la poca rigurosidad que hubo al no indagar sobre la idoneidad moral de un nominado a un cargo tan importante. Dada la relación familiar entre Dávalos y Bachelet, la Presidenta debió ser especialmente cuidadosa para verificar más allá de cualquier duda la capacidad profesional y ética de Dávalos antes de nombrarlo. La trayectoria de los funcionarios públicos constituye la base de la credibilidad de un gobierno. De poco sirve que un gobierno se comprometa a terminar con el abuso si los hechos privados de los funcionarios públicos potencian la cultura del abuso. Porque los hechos valen más que mil palabras, Bachelet debió verificado la idoneidad de su hijo para el cargo. Eso le hubiera permitido enterarse, cuando debió hacerlo, de los negocios de especulación inmobiliaria de su primogénito.

 

La declaración de Elizalde es también engañosa. Aquí no sólo se trata de hechos públicos. Dávalos ocupó un cargo en el gobierno. Cuando se hizo público el escándalo, el gobierno nunca criticó públicamente al primogénito de la Presidenta. De hecho, fue el propio Dávalos quien renunció. Ni el gobierno ni la Presidenta le pidieron la renuncia. Desde la renuncia de Dávalos, Bachelet no se ha referido al fondo del asunto. La Presidenta ha hablado del dolor de madre, pero no ha hecho un mea culpa por haber nombrado de forma tan irregular y desprolija a su hijo a un cargo tan importante. Tampoco ha fijado posición política sobre este tipo de negocios especulativos que dependen sólo del acceso a información privilegiada. Este no es sólo un hecho de privados. En el momento en que Bachelet nombró a uno de los involucrados a un cargo de su exclusiva confianza, la Presidenta convirtió a los negocios de su hijo en un asunto político. Los cuestionamientos al criterio de Dávalos Bachelet son también cuestionamientos al criterio de la Presidenta que lo nombró en el cargo.

 

Justamente en el día en que asistió a declarar en el caso Penta uno de los líderes más emblemáticos de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, el gobierno de Bachelet sigue obligado a dar explicaciones por la incapacidad de la Presidenta para hacer un mea culpa y marcar distancia con las actividades de especulación inmobiliaria de su hijo. Cuando La Moneda debiera estar a la ofensiva para castigar la relación carnal entre los negocios y la política, el vocero de gobierno debe seguir abocado a explicar lo inexplicable en el caso Caval.

 

En eso, la Presidenta comparte con el liderazgo de la UDI una obstinación que raya en la autodestrucción. Al aplicar una interpretación equivocada de la lealtad y defender personas por sobre los principios, Bachelet está llevando a su coalición por el mismo camino errado que tomó la UDI en el caso Penta y que ahora amenaza la supervivencia de todo el partido. Porque cuando se ejerce el poder, los hechos de particulares siempre son también actos políticos, el gobierno debiera denunciar las cuestionadas acciones del hijo de la Presidenta para así evitar caer en el mismo lodazal de descrédito en que hoy se encuentran todos aquellos involucrados en los casos Penta y Caval (y muy pronto, SQM).