El consejo asesor y la auto-inhabilitación de Bachelet

Patricio Navia

El Líbero, marzo 13, 2015

 

Al crear un Consejo Asesor Presidencial, y otorgarle un plazo de 45 días para que entregue una propuesta que regule la relación entre el dinero y la política, la Presidenta Bachelet buscó generar un efecto mediático y dar una señal de liderazgo político que le permitiera a su gobierno recuperar el control de la agenda después del duro golpe que significó el escándalo sobre los negocios inmobiliarios de su hijo y su nuera. Equivocadamente, y por los próximos 45 días, Bachelet renunció a ejercer el liderazgo que le corresponde como Presidenta de la República en la búsqueda de una solución a la crisis de credibilidad y confianza por el que atraviesa la democracia. Sin entender que la situación ameritaba una respuesta inmediata —como cuando los bomberos deben apagar un incendio—, Bachelet optó por dilatar la búsqueda de una solución, arriesgando que, para entonces, el fuego ya haya terminado por consumir la dañada credibilidad de su gobierno y de toda la clase política.

 

Los líderes políticos comprensiblemente intentan repetir estrategias que les resultaron exitosas en el pasado. Como las comisiones asesoras presidenciales funcionaron relativamente bien en su primer gobierno, Bachelet echó mano a esa estrategia cuando se dio cuenta que, después de su tardía reacción al escándalo Caval, La Moneda había perdido el control de la agenda política. La decisión de convocar un Consejo Asesor fue una reacción comprensible, pero extemporánea e inútil por al menos tres razones. Primero, porque chiste repetido sale podrido. Muchas de las cosas que funcionan bien una primera vez pierden su elemento de sorpresa e innovación cuando se utilizan en exceso. Un Presidente que convoca a un Consejo Asesor por primera vez es un visionario, en cambio uno que lo hace cada vez que está en problemas deja entrever que no tiene ni liderazgo ni iniciativa.

 

Segundo, el contexto hoy es muy distinto al que existía cuando Bachelet convocó a un Consejo Asesor para la reforma provisional o cuando reaccionó ante las protestas estudiantiles de 2006. En el primer caso, no apremiaba el tiempo. Antes de hacer una propuesta de reforma a las pensiones, era comprensible que el gobierno estudiara las alternativas. En el caso de las protestas estudiantiles, el cuestionamiento era a un sistema que segregaba y entregaba educación de insuficiente calidad. La gente demandaba que el gobierno se hiciera cargo del problema y buscara una solución. En estos días, el cuestionamiento es a la legitimidad de la clase política en general y, en el caso Caval, a la forma en que la propia Bachelet reaccionó a las revelaciones que involucran a su hijo. Si en 2006, al convocar al Consejo Asesor, Bachelet actuó como una madre justa y preocupada por todos, hoy  aparece como una madre que evita denunciar públicamente el cuestionable comportamiento de su primogénito. La convocatoria de este Consejo Asesor puede ser entendida como un intento por desviar la atención de un problema ético y moral que involucra directamente a la Presidenta. Bachelet no convocó al Consejo Asesor cuando estalló el caso Penta, lo convocó producto del escándalo por el caso Caval.

 

Tercero, al convocar al Consejo, Bachelet añade un paso adicional al proceso legislativo que deberá producir modificaciones al marco legal que regula la interacción entre el dinero y la política. Si de verdad quería sugerencias, Bachelet debió haber convocado al Consejo cuando estalló el primer escándalo. Es más, parece incomprensible que el gobierno, teniendo división de estudios en SegPres, sea incapaz de recopilar en forma independiente las recomendaciones que por varios años han venido haciendo distintos centros de estudio y expertos sobre cómo mejorar el marco regulatorio que rige el financiamiento de la política y campañas en Chile. Para demostrar su inconformidad con la percepción de que el Consejo Asesor decidirá qué reformas que se deben implementar, el Congreso ya ha aclarado que serán los legisladores quienes tomarán la decisión sobre qué cambios se harán al marco legal. Es cierto que el Congreso está deslegitimado, pero la propia Presidenta Bachelet tiene también techo de vidrio en tanto su hijo está en el centro de uno de los escándalos.

 

Al entregar al Consejo Asesor la potestad de proponer una hoja de ruta a seguir, Bachelet ha dejado pasar una oportunidad para recuperar el control de la agenda. Como la agenda política seguirá consumida por los casos Penta y Caval, será muy difícil que el gobierno logre imponer su propia agenda de prioridades legislativas. En vez de comenzar a cerrar el tema de los escándalos del financiamiento de la política y de la relación de la política y los negocios, al entregar la batuta a un Consejo Asesor con nula capacidad de resolución, Bachelet se ha quedado sin control de la agenda frente a una opinión pública que espera liderazgo, decisión y capacidad para empezar a resolver los problemas hoy, no en 45 días.