No podemos hacer nada

Patricio Navia

El Líbero, enero 20, 2015

 

Al recordar públicamente que la ley respectiva establece que las violaciones a la ley de financiamiento electoral prescriben en un año, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, dejó en claro que ninguno de los posibles delitos que están siendo investigados —desde el caso Penta hasta el Yategatellevarán a sanciones relacionados con el financiamiento de campaña. Si bien hay procesos abiertos por delitos tributarios, el que actividades que buscaban financiar campañas de forma irregular no puedan ser sancionadas en el marco de la ley de financiamiento electoral deja en evidencia que el marco regulatorio del financiamiento de campañas es insuficiente e inadecuado. No por nada el director del Servel reconoció que, “respecto a lo que podemos hacer, hoy es nada”.

 

Tanto el escándalo Penta —mucho mayor en su magnitud y en el número de involucrados— como la recaudación de fondos para Bachelet realizada en Nueva York en septiembre de 2013 han dejado en evidencia las falencias de la ley de financiamiento electoral. Si bien su adopción en 2004 constituyó un avance en la dirección correcta —toda vez que antes había nula transparencia sobre el financiamiento de las campañas—, es evidente que la legislación vigente no regula adecuadamente el enorme caudal de recursos que se invierten para posicionar aspirantes y promover candidatos.

 

Las campañas se inician oficialmente sólo un mes antes de la elección. Pero como todos somos testigos, cientos de candidatos comienzan a posicionarse a través de carteles, anuncios de radio y trabajo territorial meses antes de que legalmente puedan hacerlo. La necesidad de tener despliegue territorial y el alto costo que implica tener en terreno cuadrillas de trabajadores de campaña hace que los aspirantes precisen de recursos mucho antes de que los partidos reciban los anticipos que entrega el SERVEL o que los candidatos tengan acceso a las donaciones reservadas que se realizan a través del SERVEL. Para algunos candidatos, este es un problema de flujos de caja —más que de acceso a recursos—. Pero el solo hecho que se precise de acceso a financiamiento temporal genera incentivos para que el sector privado participe en el proceso de campaña tanto como prestamistas de corto plazo así como donantes —por vías legales, como muchos lo hacen, o irregulares, como aparentemente varios otros también lo hacen—.

 

El reciente estallido del escándalo Penta ha llevado a muchos a asumir posiciones voluntaristas y sugerir que el camino a seguir es la prohibición del financiamiento empresarial a las campañas. La forma de asegurar esa prohibición sería la pérdida del escaño para aquellos políticos que violen la ley de financiamiento. Pero esas propuestas no se hacen cargo del hecho que los candidatos tendrán incentivos demasiado poderosos para violar la ley y que será muy difícil, con la institucionalidad actual, fiscalizar el comportamiento de los políticos.

 

Los plazos establecidos en la ley para indagar sobre actividades irregulares son cortos. La ley establece que los delitos a la regulación que rige el financiamiento electoral proscriben un año después de la elección. Además, la capacidad del Servel para fiscalizar las rendiciones de cuenta de los candidatos es nula. Más que establecer nuevas prohibiciones en la ley, cualquier reforma que aspire a mejorar el sistema actual debiera hacerse cargo de la muy limitada capacidad de fiscalización que hoy existe para hacer cumplir la ley. El propio Santamaría aclaró que no hay forma de verificar los orígenes de los fondos que llegan directamente a los candidatos y cuyo monto total debe ser reportado sin siquiera indicar los nombres de los donantes.  Al menos, con los aportes reservados, el Servel conoce el origen de los fondos. Con los aportes anónimos, sólo los candidatos conocen el origen.

 

Ahora que la opinión pública comienza a agotarse con las nuevas revelaciones del caso Penta y, comprensiblemente, las prioridades en la agenda se amplían a otras áreas, se abre una oportunidad para negociar una salida política al escándalo del financiamiento de campañas.

 

Si bien la reforma buscará demostrar la voluntad del Gobierno para evitar que estos escándalos se vuelvan a repetir, a menos que aumente el poder fiscalizador del Servel y se extienda el plazo de prescripción de infracciones a la ley de financiamiento electoral, cualquier aumento de penas y sanciones será letra muerta. Porque los escándalos sobre financiamiento de campaña son inevitables en las sociedades modernas —y porque las campañas en Chile se encarecerán cuando entre en vigencia la nueva ley electoral—, no podemos soñar con que nunca más ocurrirán escándalos de este tipo. En cambio, deberíamos aceptar la importancia del dinero en la política y dotar al Servel y a la fiscalía de las herramientas necesarias para aplicar las leyes que ya existen antes de ponernos creativos e inventar nuevas leyes bien intencionadas pero con escasa capacidad de aplicación.