¿Persiguiendo a lucradores o defendiendo a niños?

Patricio Navia

El Líbero, diciembre 12, 2014

 

Aunque siempre es bueno que el Gobierno sea pragmático para convertir sus promesas de campaña en leyes y reformas, la flexibilidad en la negociación debiera ser sobre instrumentos y no sobre principios. Como la Presidenta Bachelet repetidamente declaró que el lucro en la educación es malo porque la socava como derecho social, la propuesta de permitir el lucro en escuelas con pocos alumnos constituye una peligrosa renuncia a principios. Si el lucro hace mal a los alumnos, el tamaño de la escuela no debiera importar. De la misma forma, si la selección es mala porque reproduce las desigualdades de origen, permitirla en algunos colegios constituye una renuncia al principio sobre el que se sustenta toda la reforma educacional.

 

Sobra reiterar que hay buenas razones para creer que la reforma de Bachelet apunta más a satisfacer las demandas del movimiento estudiantil de 2011 que a corregir las deficiencias estructurales de la deficiente calidad de la educación. Los padres que pueden pagar huyen de las escuelas municipales. Pero en vez de enfocarse en mejorar la calidad de la educación municipal —para incentivar a los padres a volver al sistema público— el Gobierno buscó hacerle la vida más difícil a la educación particular subvencionada. Aunque ha intentado explicar que esta reforma va a mejorar la calidad de toda la educación, la opinión pública está cada día más escéptica.

 

Como el argumento del Gobierno ha sido que la selección y el lucro malogran la experiencia educativa al reproducir las desigualdades existentes, la relativización sobre los efectos negativos del lucro y la selección constituye una pendiente resbaladiza para la efectividad del mensaje del Gobierno. Si el lucro es malo, entonces no debiera ser relevante el tamaño de las escuelas o la tasa de ganancias de los sostenedores. Si en cambio el problema es el lucro excesivo, entonces debiera bastar tener mejor regulación.

 

De igual forma, si se permite la selección por mérito —que refleja desigualdades de ingreso de los padres— entonces no hay buenas razones para prohibir que colegios particulares subvencionados seleccionen a las familias que comparten los valores religiosos del proyecto educativo. Si la selección y el lucro son aceptables en algunos casos, entonces no son, por principio, siempre dañinos para la calidad de la educación. En ese caso, la decisión sobre la conveniencia del lucro debiera quedar en manos de los padres que escogen ese tipo de establecimientos y no del Estado.

 

En el fondo, el problema del Gobierno es haber centrado la reforma en los sostenedores y no en los niños. Como los sostenedores son un grupo de presión poderoso, con buenos amigos en el Congreso y comprometidos defensores en la sociedad (decenas de miles de padres que se sienten satisfechos con la educación que reciben sus hijos en esos colegios), el Gobierno se ha visto obligado a realizar concesiones para poder dar la imagen, aunque no sea del todo cierto, que está terminando con el lucro y la selección.

 

Peor aún, ya que centró su esfuerzo en reformar la educación particular subvencionada y no en mejorar la educación pública, el Gobierno facilitó la movilización de los que se sentirán afectados, pero no el involucramiento de los que presumiblemente se verán beneficiados con el fin del lucro y la selección. Siguiendo la inconveniente metáfora del ministro Eyzaguirre, como se focalizó en quitarle patines a unos más que en entregar patines a otros, el Gobierno se ganó el odio de unos pero no el apoyo de los otros.

 

Ahora, el Gobierno está estancado en una posición difícil de defender. En el largo plazo, su posición es ganadora. La gente quiere una reforma educacional que mejore la calidad —dando iguales oportunidades a todos, independientemente del ingreso familiar— y evite el abuso y la arbitrariedad. Pero en el corto plazo, la gente no entiende cómo la reforma logrará avanzar hacia ese objetivo. Ya que el Gobierno está perdiendo la batalla comunicacional —porque los grupos afectados han sido capaces de organizarse y ejercer influencia—, la estrategia actual de La Moneda es negociar todo lo que sea necesario para lograr una pronta aprobación a la ley que pone fin al lucro y la selección. El Gobierno cree que así podrá abocarse después a fortalecer la educación pública. Pero como no se terminará ni con el lucro ni con la selección, el esfuerzo del primer año de gobierno de Bachelet habrá sido inútil. Al prometer terminar con el lucro y la selección —y no sólo reducir sus efectos—, el Gobierno tomó una postura principista que era inconveniente estratégicamente y difícil de materializar.

 

En vez de enfocarse en lo que era mejor para los alumnos, el Gobierno salió a perseguir a los sostenedores que lucran. Ahora que se prepara para declarar amnistía a los sostenedores que lucran poco y a los colegios que seleccionan por mérito, el Gobierno vuelve a equivocarse al poner el foco en acomodar las necesidades y objetivos de los que proveen educación más que en las necesidades de los que la reciben.