Salir del DICOM

Patricio Navia

El Líbero, diciembre 2, 2014

 

Aunque el Gobierno esté enviando señales para distanciarse del sesgo anti empresarial de sus primeros meses, la salida del DICOM de la credibilidad empresarial dependerá de que haya hechos concretos. En el corto plazo, la única señal clara e inequívoca será negociar con el sector empresarial la reforma laboral.

 

En ENADE, la Presidenta Bachelet se presentó con un discurso conciliador y razonable. Pero, desafortunadamente para el Gobierno (y para la ciudadanía que ya siente los coletazos del enfriamiento de la economía), las declaraciones de buena intención no serán suficientes para restablecer el clima de diálogo que existió entre Bachelet y el empresariado entre 2006 y 2010. De hecho, precisamente porque se benefició en su primer gobierno, el empresariado apoyó financieramente la segunda campaña de Bachelet. Pese a que el programa de la Nueva Mayoría señalaba que un segundo gobierno de ella sería más rojo y más izquierdista (en contraste con el izquierdismo renovado de la Concertación), el empresariado apostó a que Bachelet haría campaña por la izquierda pero gobernaría desde la moderación.

 

Pero una vez asumido el poder, Bachelet apuró el giro a la izquierda, impulsando una ambiciosa reforma tributaria, una polémica reforma educacional y una reforma electoral. Además, insistió en su compromiso de impulsar una reforma laboral y de establecer una nueva constitución. El empresariado reaccionó con descontento y sorpresa. El descontento era comprensible, pero la sorpresa sólo mostraba que el empresariado no había entendido todo lo que ha cambiado el país en el cuatrienio de Piñera.

 

Es verdad que la NM tampoco entendió bien los cambios en el país y que equivocadamente pensó que el rechazo al lucro era un rechazo al modelo social de mercado en vez de una demanda por emparejar la cancha y terminar con el abuso. La gente no quiere refundarlo todo. La demanda popular es por un sistema que funcione bien y dé iguales oportunidades a todos, sin abusos (lucro) y terminando con las granjerías y privilegios de los que quieren que la competencia sólo exista para otros. Por eso, algunas de las iniciativas que impulsó el Gobierno han generado temor y rechazo.

 

Equivocadamente, el empresariado esperaba que Bachelet no hiciera nada. Pero la Presidenta no podía gobernar desde la inacción. Si bien algunas de sus iniciativas equivocaron el diagnóstico y el camino—y otras confundieron las herramientas con las metas—, Bachelet debía impulsar transformaciones que respondían a las demandas de la gente.

 

En parte producto del enfriamiento de las economías emergentes—del que ya se sabía, y por lo tanto el Gobierno debió haberse preparado—y en parte producto de las reformas del Gobierno, la economía chilena se frenó. Una economía frenada no permite que los capitalistas ganen dinero, pero tampoco permite que el Gobierno cumpla sus promesas de reducir la desigualdad. Peor aún, esa misma gente que quiere cambios empieza a dudar de un sistema que ya ni siquiera produce beneficios para los demás.

 

Por eso, ahora tanto el Gobierno como los empresarios tienen incentivos para dejar de lado sus desencuentros y comenzar a cooperar. La Moneda y el empresariado están en el mismo bote y sienten la misma amenaza de descontento de un pueblo que quiere que el sistema funcione mejor y que se frustra cuando ve que ahora parece que está dejando de funcionar.

 

Ya que fue el primero en disparar, corresponde que para reconstituir confianzas, el Gobierno sea el primero en mover piezas. Las opciones sobre qué hacer son limitadas. Una reforma tributaria pro-inversión y destinada a incentivar la creación de empleo sería la opción obvia. Pero después de la forma en la que se tramitó la reforma tributaria de Bachelet, nadie quiere reabrir ese libro.

 

Una alternativa sería abandonar la “reformitis”, pero Bachelet repitió tanto ciertas promesas—como la nueva constitución, el fin del binomial o la reforma laboral—que el costo político de abandonarlas ahora sería demasiado alto. De ahí que impulsar reformas moderadas, graduales y consensuada parece ser el camino. El “consenso” se ha convertido en la nueva palabra clave en las reformas.

 

Como bien sabe todo aquel que ha estado en DICOM, tener el acceso cerrado al crédito bancario dificulta las cosas, pero no imposibilita la consecución de objetivos. El Gobierno bien pudiera preferir pagar los costos de mantenerse en el DICOM empresarial y apostar su capital político restante a una reforma laboral que cambie el balance de poderes entre el empresariado y los trabajadores. Lo que no puede hacer es creer que podrá salir del DICOM empresarial sin hacerse cargo de sus pasivos. O el Gobierno respalda sus declaraciones a favor de una mayor cercanía con el empresariado con acciones concretas que convenzan a ese sector, o bien sería mejor ahorrarse rimbombantes declaraciones públicas que poco efecto tendrán en mejorar las alicaídas perspectivas económicas en el país.