Financiamiento de campañas y legalización de drogas

Patricio Navia

El Líbero, noviembre 11, 2014


Los debates sobre el papel que juegan las empresas en el financiamiento de las campañas electorales y sobre la conveniencia de legalizar las drogas se entrecruzan en una dimensión clave: la forma en la que se legisla sobre comportamientos que preferiríamos no ocurrieran pero que no dejarán de ocurrir sólo porque están prohibidos. Irónicamente, muchos de los que defienden la legalización de drogas porque la gente lo va a hacer igual aunque sea ilegal, contradictoriamente están a favor de prohibir que las empresas participen en el financiamiento de las campañas electorales. A su vez, muchos libertarios que correctamente advierten de lo difícil que será hacer cumplir la prohibición a que las empresas financien campañas, se esmeran en justificar la prohibición a que se comercialice cierto tipo de drogas.

 

No faltará el lector que me acuse de comparar peras con manzanas. Pues bien, en tanto ambas son frutas, las peras y las manzanas son perfectamente comparables. Es más, si las comparamos en su dimensión de postres, uno puede comparar manzanas, peras, helados e incluso quesos (en Francia) o mote (en Chile). Si establecemos una dimensión que justifique la comparación, todas las cosas son comparables. La legalización de las drogas y la prohibición a las empresas de que financien campañas son dos políticas públicas en que el Estado pudiera voluntaristamente querer forzar un resultado preferible pero improbable.

 

Parece razonable sugerir que el país estaría mejor si nadie usara drogas duras y si las empresas no buscaran influir en política. Pero la realidad es que la gente usa drogas —y que los criterios utilizados para determinar cuáles drogas son legales son antojadizos— y que las empresas buscan influir en las decisiones políticas.

 

Por cierto, algunos puristas argumentarán que la participación de las empresas en la política nos afecta a todos, mientras que el uso de drogas por una persona no afecta al resto. Pero en tanto el Estado garantiza la cobertura de ciertas patologías a todos los ciudadanos, las decisiones que yo tomo sobre mi cuerpo tienen costos para el resto de la sociedad. Cuando hipertensión es una enfermedad crónica incluida en AUGE-GES, el Estado tiene todo el derecho a incentivar a las personas a que consuman menos sal. Después de todo, como asume el costo del tratamiento de las enfermedades generadas por el alto consumo de sal, el Estado tiene el derecho (e incluso la obligación) de velar para que haya menos incidencia de esas enfermedades en el país. Por eso, la decisión sobre el consumo de drogas —igual que la decisión de las empresas de buscar influir en las decisiones políticas— afecta también a la sociedad en su conjunto.

 

La izquierda, que ha enarbolado la bandera de la defensa de las libertades en temas morales, parece más llana a discutir la legalización de las drogas. En Chile, el ex Presidente Ricardo Lagos recientemente llamó a legalizar gradualmente todas las drogas (incluida la cocaína). Argumentando contra la criminalización, en entrevista a Qué Pasa, Lagos dijo “cuando usted usa la política del encarcelamiento y la criminalización, lo único que hace es llenar las cárceles con gente. Lo que se va a dejar de gastar en cárcel, hay que gastarlo en prevención, en campañas.”

 

Muchos de los que celebran la valiente declaración de Lagos sobre las drogas, no obstante, piensan que la mejor forma de evitar que las empresas contribuyan a las campañas electorales es a través de la criminalización. Siguiendo la metáfora de las drogas, no sólo quieren castigar al que vende (la empresa que dona el dinero), sino también al que la compra (el político que recibe los aportes). Resulta incomprensible por qué la criminalización es mala a la hora de buscar reducir el consumo de drogas, pero no cuando se quiere reducir la influencia del dinero en la política.

 

Algunos equivocadamente concluirán que entonces el Estado debiera desaparecer y cada quien hará lo que quiera. Pero el hecho de que la gente desafíe prohibiciones para hacer cosas que le reportan placer (usar drogas) o beneficios (buscar influir en política) no significa que no haya formas de regular mejor los mercados en los que se producen esos intercambios. Hay una amplia gama de herramientas que permiten disminuir las asimetrías de información, inducir a mayor transparencia, promover la competencia y garantizar los derechos de los consumidores. Hay mejores y peores formas de regular cada mercado. Pero las regulaciones exitosas y efectivas se logran cuando los reguladores renuncian al voluntarismo de imponer su voluntad de lo que es mejor, y estratégicamente diseñan mecanismos y herramientas a partir de las motivaciones e incentivos de los participantes en los distintos mercados para asegurarse que las actividades inevitables se produzcan en contextos acotados, con transparencia, legitimados por la sociedad y susceptibles a ser fiscalizados por las autoridades y la opinión pública.