Persecución politica

Patricio Navia

El Líbero, octubre 14, 2014

 

En el contexto del caso contra los dueños y altos funcionarios del Grupo Penta, varios de los políticos mencionados en las supuestas triangulaciones ilegales para financiar campañas electorales han hecho referencia a posibles persecuciones políticas de las que serían víctimas. Además de cuestionar la independencia de las instituciones —y precisamente porque no nombran a los supuestos responsables de las persecuciones— esa estrategia de victimización difícilmente tendrá efectos positivos en una opinión pública que duda de la probidad de cualquiera que se dedica a la politica. Peor aún, probablemente inducirá a la fiscalía y al poder judicial a actuar con mayor celo en su afán de investigar posibles vinculaciones entre los delitos tributarios imputados y los pagos realizados a personas e instituciones cercanas a candidatos en las elecciones de 2013.

 

Es cierto que la estrategia de victimización a veces produce resultados positivos. En su primer periodo, Bachelet la utilizó para deslindar sus responsabilidades sobre la puesta en marcha del Transantiago en 2007. Al reconocer que había una vocecita que le advertía que las cosas saldrían mal, Bachelet terminó echándole la culpa a sus ministros, asesores y a las circunstancias que produjeron la peor implementación de política pública en los últimos 25 años. Después, cuando su gobierno se enredaba en disputas partidistas, en vez de tomar decisiones difíciles, Bachelet habló de un posible intento de femicidio político del que estaría siendo víctima.

 

Pero el hecho de que la estrategia le haya funcionado a Bachelet no significa que le funcionará también a otros. Cuando la UDI habla de persecución política, la evidencia muestra que ese partido es el más poderoso en el Congreso, el mejor conectado con el mundo empresarial, y el que por años lideró los ataques contra la clase política —potenciando figuras que supuestamente eran el antónimo de los políticos tradicionales—. Por eso, la opinión pública no será fácil de convencer. Cuando el valentón del barrio alega mala fe, no puede pretender recibir la solidaridad inmediata del resto de los vecinos. Es verdad que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario —por lo que el peso cae ahora en la fiscalía para demostrar culpabilidad, no sobre los supuestos involucrados para demostrar su inocencia—, pero la UDI a menudo fue el primer partido en rasgar vestiduras cuando acusaciones similarmente dañinas recayeron sobre otros políticos.

 

De igual forma, cuando se victimiza —y lo hace a través de empresarios aliados— Andrés Velasco no debiera esperar el mismo efecto positivo en la opinión pública que tuvo Bachelet. Después de que eligió la crítica a la mala política como su bandera de campaña, Velasco debió ser especialmente cuidadoso en evitar que sus negocios se mezclaran con su carrera política. En vez de crear un partido político —que es el camino institucional y éticamente correcto para intentar influir en la política como candidato— Velasco buscó tener los privilegios de los políticos pero sin pagar los costos de usar el uniforme. Las declaraciones de su aliado Rafael Guilisasti —reconociendo que todos los meses él y otros amigos ponen plata para financiar a Fuerza Pública— solo dañan más a Velasco. Pretender disfrazar de think-tank a una organización destinada a promover una campaña presidencial no es una buena forma de hacer politica. Es perfectamente legítimo que Velasco quiera ser candidato —y muchos lo veríamos con buenos ojos—, pero la forma para entrar en política es creando un partido o sumándose a uno ya existente para liderarlo (una especie de OPA política), no pretendiendo ser consultor cuando en realidad se es candidato.

 

El proceso que ha rodeado el caso Pentagate ha estado plagado de errores del Gobierno y de la fiscalía. Mientras el Gobierno, a través de su ministro Peñailillo, ha dado señales erráticas de querer solucionar el problema por la vía legislativa o dejarlo seguir exclusivamente por la vía judicial, la fiscalía se ha convertido en un conventillo de filtraciones. Después de que el Gobierno demostró su debilidad al justificar las desubicadas declaraciones del contralor, alegando que no valía la pena hacer nada porque solo le quedaban seis meses en el cargo, todos los funcionarios se sienten con derecho a decir cualquier cosa. Si el árbitro no expulsa a un jugador por una falta alevosa, difícilmente tendrá autoridad moral para sacar tarjeta amarilla cuando otro jugador hace tiempo.

 

Aunque los errores de la fiscalía y del Gobierno aminoran los errores cometidos por la UDI y por el equipo de Velasco, la estrategia de victimización adoptada por Velasco y por la UDI no mejorará la percepción que de ellos tiene la opinión pública. Bien pudiera ser que no haya forma de salir bien parado de este escándalo, pero es indudable que hay estrategias peores que otras. La estrategia de victimizarse no funciona cuando la utilizan aquellos que la gente considera como miembros fundadores de la clase privilegiada.