Bien de consumo o derecho social

Patricio Navia

El Líbero, septiembre 30, 2014

 

rque la educación puede ser a la vez un derecho social y un bien de consumo, es falaz el debate sobre las visiones supuestamente opuestas entre la izquierda y la derecha sobre el lugar de la educación en la sociedad. En la medida que la sociedad determine qué derechos quiere garantizar, un bien de consumo también puede ser definido como derecho social sin que deje de ser, a la vez, un bien de consumo. Como en el debate político del Chile de hoy algunos privilegian las caricaturas sobre los argumentos lógicos, una buena parte de la plaza pública equivocadamente cree que los conceptos “derecho social” y “bien de consumo” son incompatibles.  

 

Después de que el 19 de julio de 2011, en medio de las protestas estudiantiles, el entonces presidente Piñera se refiriera a la educación como un bien de consumo, la respuesta inequívoca de la izquierda —y de muchos en el centro e incluso en la derecha— es que la educación es un derecho social. El contraste entre la definición de Piñera, que condiciona la calidad de la educación a la capacidad de compra de las personas, y la definición de la izquierda, que aspira a igualdad de acceso a la educación, será favorable a la izquierda sólo si esa educación igualitaria es de calidad.

 

En defensa del ex presidente Piñera, su declaración es correcta. Indudablemente, la forma y el momento en que la realizó resultaron políticamente poco apropiados. El solo hecho de que no la haya vuelto a repetir muestra que el ex mandatario entendió que cometió un error. Es más, el que la izquierda use la frase como recurrente caballo de batalla para criticar a la derecha evidencia que, al menos en el debate de las caricaturas, Piñera —y la derecha— perdieron esa batalla. Pero, como ahora busca ponerse en pie después de la paliza electoral de noviembre pasado, la derecha debiera al menos intentar defender su postura de que los derechos sociales y los bienes de consumo no son incompatibles. El hecho que la educación sea un derecho social no le quita su condición de bien de consumo.

 

Los derechos sociales se refieren a las garantías igualitarias de acceso a determinados bienes o servicios.  El acceso a agua potable puede ser considerado un derecho social. Esto obliga al Estado a proveer agua a todas las personas, independiente de su capacidad de compra. Ahora bien, como puede haber personas que prefieren acceder a agua de distinta calidad —o que por sus preferencias simplemente no quieren tomar la misma agua que el resto de los ciudadanos— el agua también puede ser un bien de consumo. Cada vez que un chileno prefiere pagar más por agua que lo que debe pagar por el agua potable garantizada por el Estado, el derecho social se convierte en un bien de consumo. La garantía del agua como derecho social no impide que pueda seguir siendo un bien de consumo en el resto del mercado.

 

Con la educación pasa exactamente lo mismo. Todos los padres que optan por colegios particulares pagados (o particulares subvencionados con copago) están haciendo lo mismo que las personas que compran agua mineral en el supermercado en vez de tomar agua de la llave. Por sus preferencias —y porque tienen los recursos— optan por renunciar al agua como un derecho social y deciden tratarlo como un bien de consumo. De hecho, la mayoría de los legisladores y funcionarios de gobierno que defienden el concepto del derecho social tratan la educación como bien de consumo (al estar dispuestos a pagar por la educación de sus hijos mucho más de lo que garantiza el Estado en su provisión de derecho social).

 

Los que optan por tratar a la educación como un bien de consumo lo hacen porque sienten que el derecho social que garantiza el Estado a través de la educación municipal o la particular subvencionada sin copago no es lo suficientemente bueno (el agua potable no sería limpia). Pero el gobierno, en vez de focalizarse en mejorar la calidad del agua potable, busca prohibir la comercialización del agua entre todos aquellos que reciben subsidios estatales. Si compras agua con tu propio dinero, puedes comprar agua mineral. Pero si recibes algún tipo de subsidio del Estado, entonces te toca agua sucia de la llave. En todo caso, el gobierno dice que no hay nada de qué preocuparse, porque una vez que empieces a tomar agua impura, el Estado se abocará a mejorar la calidad del agua que sale por la llave.

 

En Chile, el problema no es el debate de si la educación debiera ser un derecho social o un bien consumo. El problema es que la calidad del derecho social que garantiza el Estado es deficiente y que, si bien muchos quisiéramos tomar agua de la llave, la gente comprensiblemente resiente que le quiten su derecho a comprar agua en el supermercado mientras el gobierno no demuestre que es capaz de garantizar que el agua de la llave sea potable. Y para los que están obligados a tomar agua sucia de la llave, el que muchos otros sea vean obligados a hacerlo sólo los hace recordar que un mal de muchos es consuelo de tontos.