Mano dura Bachelet

Patricio Navia

El Líbero, septiembre 9, 2014

 

te la conmoción general causada por el bombazo en Escuela Militar —que dejó 7 heridos de diversa gravedad— el gobierno de la Presidenta Bachelet tiene una inmejorable oportunidad para demostrar un compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana e implementar una política inequívoca que persiga a cualquier grupo que, a través de vías violentas, busque avanzar sus objetivos. Precisamente porque no se sabe quién puso la bomba y qué objetivos persigue, el gobierno puede abandonar su postura anterior de relativizar el terrorismo a partir de las causas que motivan a los violentistas. Bachelet debe comprometerse ahora a perseguir todo acto terrorista, independientemente de la legitimidad de las causas que dicen defender los que cometen esos ilícitos.

 

Después de criticar duramente la política del gobierno anterior destinada a desarticular a grupos anarquistas que presumiblemente estaban asociándose para poner bombas e infundir miedo en la población, la Nueva Mayoría se esmeró en diferenciarse de lo que consideraba una política represiva de la derecha en materia de orden público. Ya que todavía se asocia con las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura y con la forma en que ha sido aplicada en la Araucanía, la Nueva Mayoría optó por cuestionar la legitimidad de la ley antiterrorista en Chile. Ignorando que muchas democracias saludables en el mundo tienen legislación que castiga severamente a aquellos que buscan avanzar sus objetivos políticos infligiendo miedo en la población, la izquierda chilena se confundió creyendo que el origen ilegítimo de la ley antiterrorista invalidaba también su aplicabilidad y su uso.

 

Si bien es verdad que los actos terroristas pueden ser perseguidos con herramientas de delitos comunes y los terroristas pueden ser condenados como cualquier criminal, el hecho de que el objetivo que los violentistas buscan es causar temor en la población, convierte a este tipo de crímenes en una amenaza especialmente peligrosa para el buen funcionamiento de la democracia. De ahí que, más allá de si es una ley adoptada en dictadura y modificada en democracia o una nueva ley nacida íntegramente en democracia, Chile necesita una ley que sancione severamente a los que cometen actos terroristas, independientemente de cuán atendibles o razonables sean las demandas que motivan sus actos.

 

Aunque no hay razón para pensar que este ataque haya sido causado por personas que toman como suya las banderas de la reivindicación mapuche, resulta inevitable asociar el acto a la promesa realizada por Bachelet, mientras era candidata, de que “en ningún caso” aplicaría la ley antiterrorista al conflicto mapuche. Más allá de la necesidad de avanzar hacia la solución del conflicto mapuche por la vía del diálogo —y reconociendo que los gobiernos anteriores han sido incapaces de encontrar una solución al problema, aplicando mano dura en forma excesiva en muchos casos e incumpliendo su obligación de garantizar la seguridad en otras ocasiones— la promesa de excluir a los involucrados en el conflicto Mapuche de la aplicación de la ley antiterrorista constituyó una innecesaria promesa de amnistía realizada por Bachelet a todos aquellos que, enarbolando la bandera de las reivindicaciones mapuches, cometieran actos terroristas. Desconociendo que la ley debe aplicar a todos por igual, en su intento por marcar diferencias con la equivocada forma en la que manejó el conflicto mapuche en su primer gobierno, Bachelet se cerró a una opción que tiene todo presidente democráticamente electo y poseedor del legítimo derecho de hacer uso de la fuerza para garantizar la seguridad de las personas.

 

Mientras no se sepa quién es responsable por el acto terrorista de ayer, no podemos descartar hipótesis plausibles. El que ya se hayan producido atentados de bomba con anterioridad en el metro y otros lugares públicos —que el gobierno tozudamente se negó a calificar como actos terroristas— confirma que este bombazo no fue un caso aislado. Ya que el bombazo desvía la atención de las prioridades que el gobierno buscaba instalar en la agenda pública, tampoco se pueden descartar que los responsables quieran dañar la agenda reformista de Bachelet. Pero lo que el gobierno no puede dejar de hacer es adoptar una posición firme e inequívoca en defensa de la libertad y la seguridad de las personas. Cuando un gobierno legítimo y democrático entiende y se hace cargo de su obligación de mantener la seguridad y el orden, la mano dura contra el terrorismo viene con el incuestionable sello del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos.

 

Como candidata, Bachelet relativizó el uso de la ley anti terrorista, supeditándolo a que no se tratara de la causa mapuche. Como presidenta, Bachelet debe asumir su obligación de velar por la paz y seguridad de todos los chilenos. Para cumplir su objetivo, debe hacer uso de todas las herramientas legales —incluida la ley antiterrorista— independientemente de qué tan justificadas sean las banderas que dicen enarbolar aquellos que buscan con actos de violencia asustar a la población para avanzar sus objetivos.